Tardó tres días pero finalmente dimitió. Después de una enorme presión mediática tras el escándalo desvelado por EL PAÍS sobre la cuenta oculta en un banco de Andorra con 1,2 millones de dólares que tuvo el subsecretario general de la presidencia, Valentín Díaz Gilligan, el alto cargo del Gobierno de Mauricio Macri decidió a última hora de la tarde del lunes presentar su renuncia, según confirmaron fuentes oficiales a EL PAÍS. La prensa local, en especial el diario Clarín, el más leído, y TN, la principal cadena de televisión informativa, lo habían convertido en la principal noticia de todos informativos. La espuma, al contrario de lo que esperaba el Ejecutivo, no bajaba, y Díaz Gilligan decidió apartarse para no perjudicar más al Gobierno.
«A pesar del respaldo incondicional que sentí por parte de todos los miembros de nuestro Gobierno, no creo necesario continuar aferrado al cargo en medio de un debate mediático sobre mis acciones en los años en los que estuve en la actividad privada. Las acusaciones que se hicieron contra mí son falsas y así quedará debidamente comprobado», señala la carta de dimisión.
La renuncia llegó también por presiones internas. Algunos de los socios de la coalición Cambiemos, la que formó Mauricio Macri para ganar las elecciones en 2015, estaban reclamando al presidente que apartara al menos temporalmente a Díaz Gilligan como gesto ejemplar mientras se aclaraba su situación. El más importante de ellos fue Mario Negri, un veterano diputado del Partido Radical, aliado clave de Macri, y jefe del grupo parlamentario de Cambiemos. “Diaz Gilligan debería pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder. No es condena, la “vara” sobre la transparencia está puesta muy alta por parte de Cambiemos. No hay que incomodar al gobierno, sino ayudarlo”, escribió en las redes sociales como mensaje claro hacia el alto cargo para que diera un paso atrás. La otra pata de la coalición, además de los radicales, es el partido de Elisa Carrió. Fernando Sánchez, destacado dirigente de este partido, también dijo que si él fuera Díaz Gilligan se habría apartado para defenderse y no perjudicar al Gobierno.
La presión sobre el vicesecretario de Presidencia suponía un problema también para Luis Caputo, ministro de Finanzas, que pocos días antes de la revelación de EL PAÍS estaba en el centro de la polémica al publicarse en el diario Perfil que hasta poco antes de incorporarse al ministerio fue el principal accionista de empresas offshore que gestionaron cientos de millones de dólares en paraísos fiscales. Caputo niega estas informaciones pero la Oficina Anticorrupción ha abierto una investigación similar a la que había establecido con Díaz Gilligan.
El alto cargo insistía durante todo el fin de semana en que no ha hecho nada incorrecto y no tenía por qué dimitir, pero en el ambiente político parecía claro ya este lunes que el puesto de Díaz Gilligan, un hombre importante de la estructura de poder más cercana al presidente, estaba en aire. Aún así, durante el fin de semana el Gobierno decidió protegerlo al máximo nivel, incluido el presidente, y esperar a ver si bajaba la presión. El dinero de Andorra viene, según admite el propio alto cargo, de negocios del fútbol, un asunto especialmente sensible en el entorno del presidente Macri, que dirigió durante 12 años Boca Juniors y desde ahí dio el salto a la política.
Díaz Gilligan intentó ganar tiempo. Ya le había llegado la petición de la Oficina Anticorrupción para que explique por qué no declaró en 2013, cuando fue elegido alto cargo por primera vez en el ayuntamiento de Buenos Aires, que era director y accionista de esta empresa que tenía una cuenta en Andorra. “Se le hace saber que de haber ejercido un cargo de Director en una sociedad, esta información debe ser consignada en el ítem “Antecedentes Laborales” de sus Declaraciones Juradas Patrimoniales. En el caso de que el referido desempeño haya tenido lugar dentro de los tres años anteriores al inicio de la gestión pública, dicha circunstancia debe constar en su declaración jurada patrimonial inicial. Asimismo, la información deberá repetirse en las sucesivas declaraciones juradas anuales, hasta transcurridos tres años del cese de los servicios prestados”, señala el texto.
Díaz Gilligan prometió que este lunes pondría toda la información a disposición de la Oficina Anticorrupción, pero lo que hizo fue enviar un breve escrito señalando que está recabando esos datos. Y pocas horas después anunció su dimisión. La Oficina Anticorrupción solo le reclamaba que corrija sus declaraciones juradas. Pero las cosas se podían complicar en la vía judicial. Un diputado kirchnerista presentó una denuncia contra Díaz Gilligan por supuesto enriquecimiento ilícito. El juez Claudio Bonadío, en el que ha recaído el caso, deberá decidir si sigue adelante con la denuncia. Si fuera así, el alto cargo tendría que explicar por qué no declaró ese dinero en Argentina.
Él insiste en que no obtuvo ningún rendimiento de esa cuenta y asegura que el dinero no era suyo, por eso cree que no tenía que declarar nada. Pero lo más probable era que el caso se complicara con la entrada de otros organismos en los próximos días. Antes esta evidencia, y mientras seguía en todos los titulares de la prensa, Díaz Gilligan o alguno de sus superiores decidió que había llegado el momento de rendirse.
