Las arengas se escuchaban desde cada rincón cuando el auditorio quedaba en silencio. Mujeres, exguerrilleros, campesinos, LGBTI, estudiantes. Con ellos se iniciaba, en el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en Bogotá, el primer congreso constitutivo de las Farc sin armas, escenario que reúne a más de mil personas que debatirán a lo largo de esta semana aspectos de la organización que, desde ayer, comenzó su tránsito hacia la participación en política. El evento, sin embargo, hizo evidente el desplante que hicieron los aspirantes a la Presidencia de la República que fueron invitados por las Farc, pues se rehusaron a hacer presencia allí. La exministra Clara López se limitó a enviar a un delegado. (Lea: «El incierto paso de las Farc a la política»)
En todo caso, cuando concluya el congreso, el próximo 1° de septiembre, las Farc serán, oficialmente, un nuevo partido legalmente constituido en el espectro político colombiano y, en 2018, miembros de esa nueva propuesta estarán ocupando curules en Cámara y Senado, como espacios para garantizar su reincorporación política. “Las Farc-EP, el glorioso movimiento armado revolucionario nacido el 27 de mayo de 1964, nos transformaremos en una organización exclusivamente política, que ejercerá su actividad por medios legales”, señaló Rodrigo Londoño, Timochenko, en la instalación del evento. Sin embargo, aseguró que la nueva organización mantendrá las bases ideológicas que guiaron su fundación como guerrilla armada hace 53 años.
“El régimen y el sistema no están hechos para nosotros, pero estamos inmersos en ellos y dispuestos a cambiarlos”, dijo el máximo jefe de las Farc. A su turno, Iván Márquez, miembro del Secretariado de la organización, señaló que, si bien, el Acuerdo de Paz es imperfecto, lo que se busca es dejar un legado con miras a la democratización política, económica, social y cultural. Aseguró que el nuevo partido trabajará “por un gobierno de transición” y apoyará un programa político que priorice la implementación de los acuerdos. “No aspiramos a liderar. Queremos ser parte de una construcción colectiva y que nuestras propuestas se discutan con otras”, expresó Márquez. En el mismo escenario, aprovechó para lanzar duros cuestionamientos al Gobierno, criticando una supuesta “debilidad” que, según dijo, lo ha llevado a “ceder a presiones” y a no cumplir con lo pactado. (Vea: «Arranca congreso político de las Farc»)
El congreso de las Farc, al que asisten 1.200 delegados, entre exguerrilleros, milicianos y miembros del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC), es presidido por Rodrigo Londoño, Iván Márquez, Sandra Ramírez, Joaquín Gómez, Liliana Suárez, Solís Almei y Maryeli Guzmán. Durante los días que sesionará se establecerán ocho comisiones divididas así: participación política, organización, asuntos electorales, aspectos financieros, política internacional, plataforma y programa, y estatutos y escrutadora. Esta última mesa de discusión estará a cargo del proceso de escrutinio en la elección del órgano de dirección -del que formarán parte los 61 miembros del Estado Mayor Central-, también del comité del partido y de la elección de los 10 miembros que irán a las curules en Cámara y Senado, el año entrante. La votación de estos representantes se hará con toda la plenaria asistente al evento.
¿En qué va la implementación del Acuerdo de Paz?
Mientras las Farc avanzan en su congreso constitutivo, fue revelado un nuevo informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz al que tuvo acceso El Espectador. Lo preocupante, de acuerdo con las cifras recogidas por el observatorio que coordina Jorge Rojas, exdirector de la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento, es que casi un año después de haberse firmado los textos de La Habana, su implementación en términos administrativos, legislativos, institucionales, de apropiación presupuestal y puesta en marcha de las reformas apenas alcanza el 17 %.
Con esa perspectiva, el informe se cuestiona si, en realidad, con la firma del Acuerdo de Paz las Farc están haciendo un tránsito de la política sin armas hacia una democracia sin garantías. “La pregunta obligada es si el Estado ofrece garantías para que las Farc puedan hacer política sin armas, si la democracia colombiana le abre espacio a ese nuevo actor político y si la sociedad está lista para ver a los jefes guerrilleros en cargos de elección popular”, indica el documento del OIAP. Y es que los resultados demuestran que de los diferentes aspectos que deben tenerse en cuenta para desarrollar normativamente los acuerdos no llegan, ni siquiera, al 50 % de su cumplimiento. Por ejemplo, el punto que más preocupa es el de la reforma rural integral y los programas de sustitución de cultivos ilícitos que, pese a ocupar dos de los seis puntos de la agenda de La Habana, han alcanzado un 6,9 % en su cumplimiento. “La solución al problema de las drogas ilícitas, que implica estrategias para la prevención del consumo alcanza un 3,8 %, mientras que las estrategias de control de la comercialización de cultivos ilícitos van en un 2 %”, se lee en el informe.
Además, las posturas que han asumido los distintos organismos del Estado que tienen bajo su responsabilidad implementar del Acuerdo también suscitan preocupación. Evidentemente, ad portas de iniciarse el debate electoral de 2018, los miembros del Congreso han comenzado a apuntarle más a sus regiones que a su trabajo legislativo en el Capitolio. “Para esta segunda legislatura han sido presentados 8 de los 20 proyectos de ley redactados, de los cuales muy pocos han sido aprobados”, señala una de las conclusiones del informe. Y no es menor el rol de la Corte Constitucional que debe estudiar, de manera automática, el contenido de los proyectos de la paz. Por eso, la preocupación en torno a dicha labor está, principalmente, en la declaratoria de inexequibilidad de los literales J y H del Acto Legislativo que reglamentó el fast track, que evitaba que los congresistas hicieran modificaciones a las iniciativas para implementar el Acuerdo. “También genera inquietud la ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero sobre el Acto Legislativo que busca eliminar del texto expresiones como que las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final”. (Le puede interesar: «Las dos lecturas del inventario de las Farc»)
Por otro lado, asuntos fundamentales para garantizar la reinserción plena de los excombatientes como su seguridad han marchado a paso lento. Las cifras indican que lo referente al Sistema Integral de Seguridad ha tenido un avance del 22,6 % y los planes sobre el desmonte del paramilitarismo, el 16 %. “En los primeros seis meses de 2017 han sido asesinados 52 líderes sociales y 24 excombatientes de las Farc o familiares de exguerrilleros”, señala el documento. Entretanto, la aplicación de la ley de amnistía sigue siendo una preocupación, entre otras, porque la ley estatutaria de la JEP no ha iniciado su trámite en el Congreso. De 3.843 guerrilleros, 1.569 siguen privados de la libertad.
Finalmente, la participación en política de las Farc, a propósito de la instalación de su congreso ayer, en Bogotá, indica que, a pesar de que ya existe un Estatuto para la Oposición que estaba en deuda desde 1991, todavía falta por radicarse el proyecto sobre garantías para la participación ciudadana, con el que se reglamentarán las protestas sociales. Y la reforma política que se tramita en el Legislativo no ha superado, ni siquiera, su primer debate. “No es buen mensaje prolongar la realización de derechos de las comunidades más afectadas por el conflicto y, mucho menos, negar las garantías que se necesitan para que las Farc hagan política”, concluye el informe.
Fuente: El Espectador
