Ojo por ojo, diente por diente. La investigación sobre la trama rusa está a punto de hallar su contrapeso. En un movimiento que anuncia días borrascosos en Washington, el responsable del Departamento de Justicia, el halcón Jeff Sessions, ha hecho saber que está dispuesto a designar a un fiscal especial que investigue a Hillary Clinton.
Como paso previo ha ordenado a dos fiscales federales que revisen la conducta de la antigua rival electoral de Trump cuando era secretaria de Estado. Entre los objetivos de este escrutinio figuran el caso de los correos privados, los manejos de la Fundación Clinton y el espinoso acuerdo que permitió en 2013 al monopolio ruso Rosatom hacerse con el control de Uranium One, una compañía cuyo dueño había donado 2,35 millones de dólares a la entidad de la demócrata. Trump, aún de viaje por Asia, ha guardado silencio.
La explosiva medida llega apenas diez días después de que Trump hiciese pública su “frustración” por el hecho de que todos los ojos estuviesen puestos sobre él, pero que nadie sometiese a escrutinio a su antigua rival electoral. Sessions, de quien Trump ha dado numerosas muestras de hartazgo, ha respondido ordenando a dos fiscales federales revisar la gestión de Clinton e informarle de sus resultados. Como él mismo ha explicado por carta al Congreso, estas indagaciones forman parte de las diligencias previas que determinarán si hacen falta más recursos para indagar a la demócrata e incluso si se requiere el nombramiento de un fiscal especial, una figura dotada de poderes extraordinarios y que puede convocar un jurado y presentar cargos.
En la maniobra ha participado el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Robert Goodlate, receptor de la misiva y quien ha mostrado en numerosas ocasiones su interés en que un fiscal especial ponga bajo lupa la conducta de Clinton. Este cerco viene completado por la acción de dos comités del Congreso, bajo control republicano, que ya han anunciado que investigarán el papel del FBI y de su exdirector James Comey a la hora de cerrar el caso de los correos privados.
Para Trump, que se considera «víctima de una caza de brujas», el nuevo frente tendría como efecto aminorar o al menos compensar la presión a que le somete el fiscal especial, Robert Mueller, por la trama rusa. Hasta la fecha, el presidente se ha mantenido a salvo de las pesquisas, pero tres personas de su entorno ya han sido acusadas formalmente. Entre ellas están su exjefe de campaña, Paul Manafort, y su socio Rick Gates, imputados por fraude y delitos fiscales, así como un oscuro asesor que mintió sobre sus conexiones con Rusia. Las diligencias, con todo, no han hecho más que empezar y se espera que personajes como el primer y efímero consejero de Seguidad Nacional, el teniente general Flynn, puedan caer en breve.
Mueller, lejos de su objetivo inicial, ya no solo busca determinar si hubo coordinación entre el equipo de campaña de Trump y el Kremlin en la operación de intoxicación contra Clinton, sino que directamente está revisando las cuentas del entorno del presidente. Un paso de gigante donde cualquier hallazgo es posible y que ha puesto a la Casa Blanca a la defensiva.
