La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso del pueblo indígena U’wa y señaló una presunta falta de protección efectiva al derecho a la propiedad ancestral de esta etnia
El caso del pueblo U’wa fue presentado el 21 de octubre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la comisión de dicha entidad, la cual señaló que el Gobierno nacional faltó, presuntamente, a la protección de la comunidad indígena y ejecutó varias actividades petroleras, mineras, turísticas y de infraestructura en perjuicio de sus derechos. El informe realizado por la CIDH denunció la severa afectación a los indígenas U’wa debido al conflicto armado colombiano, al punto de estar en peligro de extinción cultural, siendo el Estado responsable de la violación de sus derechos, consagrados en los artículos 21, 13, 13 y 16 de la Convención Americana.
La corte aseguró que la comunidad indígena está en extrema vulnerabilidad, debido a estas actividades empresariales en sus territorios, también denunció que el Estado no consideró los riesgos a los que la comunidad se vio enfrentada y no evalúo el peligro de estas concesiones. Este fue el eje transversal del informe sustentado en el caso. Además, señala que el pueblo U’wa no ha podido gozar de sus tierras de forma pacífica y que el Estado tampoco ha garantizado el saneamiento prometido del territorio desde 1999.
Asimismo, sostiene la sentencia que no se cumplió con la consulta previa antes de otorgar permisos, licencias y concesiones para realizar dichos proyectos en tierras del pueblo U’wa. Tampoco se obtuvo su consentimiento, pese a que “varios de los proyectos pueden considerarse planes de desarrollo o de inversión a gran escala con un impacto muy severo en la supervivencia del pueblo”, señala la Organización de los Estados Americanos,OEA.
La Corte reiteró que estas falencias del Estado son contrarias a la obligación que tiene de reconocer la propiedad colectiva brindando la seguridad jurídica correspondiente para lograr la protección de los derechos de los pueblos indígenas al territorio. Esto impide el libre acceso a sus tierras y lugares sagrados, afectando directamente sus tradiciones y perjudicando su desarrollo cultural. Por eso, la Corte lo considera una violación a dichos derechos.
Se destacó también que el Parque Natural ‘El Cocuy’ está bajo la administración de la Dirección de Parques Naturales y no se otorgó su manejo al pueblo U’wa, pese a que la totalidad del parque está en su territorio.
Las recomendaciones presentadas al Estado son: adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a la propiedad colectiva mediante la titulación completa de su territorio; reparar integralmente las consecuencias de las violaciones declaradas, asegurar la pronta resolución de los recursos judiciales interpuestos por la comunidad indígena que estén pendientes conforme a las obligaciones internacionales del Estado colombiano bajo la Convención Americana y adoptar las medidas necesarias para evitar que estos hechos se presenten en el futuro, principalmente mediante recursos rápidos y efectivos que velen por los derechos a sus territorios ancestrales. Asimismo, se solicitó la adopción de una ley de consulta previa acorde con los estándares señalados por la Corte y en acuerdo con la comunidad indígena colombiana.
Actualmente, 116 familias de los cabildos Segovia y Uncasías, ubicadas en el municipio de Toledo, Norte de Santander, adelantan cultivos de yuca y plátano, productos básicos de su alimentación y la construcción de trapiches paneleros, lugar donde se extrae y evapora el jugo de caña de azúcar para elaborar panela, por medio de acciones sostenibles. Según Semana sostenible, la alianza con la Corporación Autónoma Regional de Frontera Nororiental (Corponor) busca garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad.
El pueblo U’wa, además, se caracteriza por su alto sentido de respeto al medio natural y por su gran conocimiento sobre plantas medicinales, según un informe del Ministerio de Cultura. El pueblo U’wa, que significa ‘gente inteligente que sabe hablar’, cataloga, según su concepción sagrada, el territorio a partir de tres tipologías: lugares prohibidos, zonas de reserva en las que no es posible realizar actividades de pesca, recolección, siembra, desmonte, aserrín de madera pues son habitados por los creadores; lugares encantados, espacios en los cuales no es posible acceder sin permiso de los seres espirituales mediante rituales de limpieza, purificación y armonización; y lugares comunales que permiten el desarrollo de actividades productivas de conservación y festivales de conmemoración. Sus territorios comprometen los departamentos de Arauca, Boyacá, los Santanderes , Casanare y Meta.
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