Hace 9 días, la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) recibió una notificación del Tribunal Superior de Barranquilla que dejó en riesgo no solo el funcionamiento de la entidad, sino además las labores de vigilancia, control y sanción del ya crítico sector de la salud.
Dos de los tres magistrados que conforman la Sala Civil de Familia confirmaron un fallo según el cual la entidad debe desembolsar de manera inmediata 85.000 millones de pesos a 36 IPS en todo el país. El monto, que equivale a todo el presupuesto de funcionamiento de la entidad, obedece a cuentas por pagar de las EPS Selvasalud, Salud Cóndor, Solsalud, Calisalud, Golden Group y Humana Vivir; difundió EL TIEMPO.
Si bien la entidad no tiene nada que ver con las acreencias, en criterio de los demandantes debe cubrirlas por tener a su cargo la vigilancia de esas EPS y haber ordenado su liquidación, proceso durante el cual no se les reconocieron esas deudas.
Para la defensa de la Súper, este fallo, calificado como inédito, no solo carece de asidero jurídico, sino que además está poniendo en riesgo la sostenibilidad de la entidad. Incluso, Fabio Aristizábal, cabeza de la Súper, dice que se abriría un boquete para demandas similares no solo en contra de esta, sino contra las demás instituciones que tienen la facultad de vigilar, controlar y liquidar entidades que incumplan con las normas.
Por eso, desde abril, cuando el juez 13 civil del circuito de Barranquilla falló la primera instancia en su contra, se pidió la intervención de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, de la Procuraduría y de la Fiscalía. De hecho, se instauró una denuncia penal contra el juez del caso, Libardo León López, por presunto prevaricato por acción, al haber asumido un caso que no es de su jurisdicción, como él mismo lo señaló en un auto de septiembre de 2015.
En este, el togado no solo rechazó la demanda, sino que además aseguró que debía ser resuelta por jueces laborales de Bogotá. Pero el Tribunal de Barranquilla negó que el juez tuviera impedimento y libró el mandamiento de pago en contra de la Súper. La decisión fue acatada por el juez del caso, quien advirtió que fallaba en derecho, apegándose a la ley.
