Michel Temer ha dejado claro este martes que se va a aferrar al cargo hasta las últimas consecuencias,aun a riesgo de conducir a Brasil a la parálisis y de provocar un conflicto con el poder judicial. En su primera declaración después de que la fiscalía general de la República le denunciase por corrupción, el presidente brasileño ha acusado al ministerio público de actuar por razones políticas e incluso ha deslizado contra él insinuaciones de corrupción. «Quieren parar el Congreso, parar el país. Esto es un atentado contra nuestro país», ha dicho Temer en respuesta a la denuncia del fiscal Rodrigo Janot. Una declaración beligerante que concluyó con un aviso: «No voy a pemitir que se cuestionen mi honor ni mi dignidad. No huiré de las batallas».
Cada vez más contra las cuerdas y envuelto en un proceso lleno de similitudes con el que hace 14 meses le permitió derribar a su antecesora, Dilma Rousseff, el presidente de Brasil no solo no va a dimitir sino que está dispuesto a supeditar toda la política del país a una cruzada personal por la supervivencia en el poder. Temer fue uno de los hombres que en la primavera de 2016 conspiró para que el Congreso Nacional destituyese a Rousseff, de la que él mismo era vicepresidente. Entonces se alegaba contra la presidenta izquierdista un llamado «crimen de responsabilidad», una especie de delito político consistente en ocultar al Congreso maniobras presupuestarias para maquillar el déficit público.
Temer está acusado ahora de algo mucho más grave, de un delito común como recibir sobornos de un empresario. Y quien lo señala no son sus rivales políticos, como le ocurrió a Rousseff, sino todo un fiscal general de la República. La denuncia de Janot ha colocado el destino de Temer en manos del Congreso, como le ocurrió en 2016 a Rousseff. La Constitución brasileña establece que una actuación judicial contra el presidente tiene que ser avalada por dos tercios de la Cámara de Diputados. Atrapado en una ratonera parecida a la que él urdió el año pasado, Temer ha decidido lanzarse a una guerra contra sus acusadores que amenaza con agravar aún más la interminable crisis política del primer país de América Latina y la novena economía del planeta.
Horas después de que Janot solicitase su procesamiento ante los indicios de que recibió, por persona interpuesta, sobornos del dueño del conglomerado cárnico JBS, Temer se dirigió al país para proclamarse víctima de «una trama de telenovela», de una «infamia de naturaleza política», en la que «se han tirado a la basura las reglas básicas de la Constitución». Argumentó que el fiscal ha construido una acusación sin pruebas y, escudándose en que él podría seguir un método similar, se dedicó a sembrar sospechas sobre la honestidad personal de Janot. Temer detalló entonces que el empresario que le ha delatado, el dueño del gigante JBS, Joesley Batista, tiene contratado a un bufete de abogados en el que trabaja Marcelo Miller, antiguo fiscal y estrecho colaborador de Janot. Miller, según Temer, asesoró a Batista para negociar con la fiscalía general una confesión a cambio de inmunidad judicial y gracias a eso, aseguró el presidente, «ganó en pocos meses millones que necesitaría décadas para ahorrar». A continuación, en un discurso que estaba siendo televisado a todo el país, desde la sede de la Presidencia de la República, junto a la bandera y el escudo de Brasil, Michel Temer disparó: «Tal vez esos millones no fuesen solo para el antiguo asesor de confianza [del fiscal Janot]». En un comunicado, Janot replicó que su actuación es «estrictamente técnica» y que se ha limitado a «cumplir el mandato constitucional de que nadie está por encima de la ley».
El discurso del presidente fue saludado con una ovación y gritos de «bravo» de un grupo de ministros y diputados que le arroparon durante su alocución. Estaban allí, aseguró Temer, en un acto «extremadamente espontáneo». Pretendía ser una demostración de fuerza que se quedó a medias. Aunque había representantes de toda la alianza de centro derecha que se formó hace un año para defenestrar a Rousseff, faltaban las figuras más destacadas. Tampoco acudieron dos de sus más estrechos aliados hasta ahora, los presidentes de las dos cámaras del Congreso Nacional.
La coalición que ha sustentado el Gobierno de Temer ha sufrido deserciones en el último mes y medio, desde que se conoció una conversación del empresario Batista con el presidente en la que el dueño de JBS le relata diversos manejos ilegales ante la aparente anuencia de su interlocutor. Para rechazar la denuncia del fiscal, sin embargo, Temer solo necesita los votos de un tercio de la Cámara de Diputados, donde los parlamentarios también envueltos en casos de corrupción se cuentan por decenas. Para la supervivencia política de Temer es vital mantener el apoyo de su principal aliado, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que se muestra muy dividido. Algunos de sus dirigentes más conocidos pretenden sostener al Gobierno, pero su mayor autoridad moral, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, ha cambiado de idea y ya pide a Temer que renuncie en «un gesto de grandeza».
El empresariado brasileño que participó más activamente de la agitación para tumbar a Rousseff también sigue fiel al Gobierno. No ocurre lo mismo con todos los sectores económicos del país ni con algunos inversores internacionales, que han empezado a dar síntomas de impaciencia. Sobre todo porque el principal reclamo de Temer ante el capital, las reformas económicas liberales, ha entrado en parálisis por la crisis política. Y nada indica que con un presidente en actitud bélica contra la justicia vayan a mejorar las condiciones para facilitar su aprobación parlamentaria.
