En vísperas de su tercer aniversario en prisión el político venezolano Leopoldo López ha recibido la peor de las noticias. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha ratificado la condena de casi 14 años de prisión impuesta en septiembre de 2015 por incitar a la violencia en las protestas antigubernamentales del primer semestre de 2014.
Aunque había cierta expectativa en los predios del Supremo por la posibilidad de que se admitiera la demanda de nulidad del fallo introducida por los abogados del dirigente, la lógica ha terminado por imponerse. Desde que el chavismo tomó el control de la máxima instancia judicial hace casi 15 años no se ha producido un solo fallo contrario a sus intereses.
La esposa de López, Lilian Tintori, que el miércoles se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba regresando en un vuelo desde ese país cuando se produjo la noticia. Apenas llegó a Caracas se mostró convencida de que “pronto Venezuela recobraría la libertad”. En el aeropuerto Mitzy Capriles, esposa del alcalde Antonio Ledezma, otro de los presos políticos, denunció que ella y Tintori estaban siendo hostigadas por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la policía política del régimen.
Con esta decisión se ha agotado la vía judicial en Venezuela y solo resta apelar en instancias internacionales. Venezuela no reconoce la jurisdicción foránea en asuntos internos. La causa de López solo queda pendiente de un indulto o una decisión política fraguada en los acuerdos entre el gobierno y la oposición. De momento las conversaciones entre los actores, que cuentan con la mediación de tres expresidentes y el Vaticano, están suspendidas porque la oposición considera que su contraparte no ha honrado los acuerdos logrados a finales de año.
Tintori se pondrá al frente de los actos que se organizarán a partir del viernes con motivo del tercer aniversario de la prisión de su marido. Están programadas manifestaciones en Caracas. El encierro de López está adquiriendo dimensiones que trascienden las fronteras de su país. Su causa es conocida casi en todo el mundo por las circunstancias en las que se desarrolló el juicio y los argumentos presentados para sustentar el fallo. Ya es considerado por Amnistía Internacional como un preso de conciencia.
En España el exjefe del gobierno Felipe González, quien ha colaborado con la defensa del dirigente venezolano, ha dicho mediante un comunicado que el Supremo venezolano “ha consumado una actuación nula de pleno derecho, arbitraria y completamente injusta (…) Son conscientes de que están condenando a un inocente solo por oponerse a la tiranía de Maduro”.
González opina que “se ha cerrado el círculo de la dictadura sometiendo al Poder Judicial, anulando el papel de la Asamblea Nacional, negando el derecho de voto a los ciudadanos en las elecciones a gobernadores, ya vencidas y aplazadas sin fecha. Los desmanes, arbitrariedades y represión del gobierno no parecen tener límites”.
