El Gobierno tiene listo el documento Conpes que le permitirá poner en marcha una política pública para atender a los migrantes venezolanos que llegan a Colombia.
El presidente Iván Duque lo dio a conocer el pasado sábado, y este lunes el canciller Carlos Holmes Trujillo se lo entregará a la Unión Europea, en Bruselas, como una manera de sustentar la necesidad del apoyo de la comunidad internacional ante el problema de migración con los venezolanos, difundió EL TIEMPO.
Para septiembre de este año se contabilizaron 1’032.016 venezolanos que, en su mayoría, llegaron al territorio nacional durante los últimos dos años.
Ante la masiva llegada de migrantes, el gobierno del presidente Iván Duque se dio a la tarea de trazar una ruta para saber cuál es la situación de estas personas y cuáles son las principales necesidades que se deben atender.
En el documento se plantea una inversión del orden de 422.779 millones de pesos para los siguientes tres años, que estarán centralizados en 12 dependencias del Estado, como Bienestar Familiar, Sena, Ministerio de Educación, Gestión del Riesgo y la Unidad para las Víctimas, que liderarán 68 acciones.
Los esfuerzos del Gobierno se van a concentrar en atender salud, educación, infancia y adolescencia, y soluciones de vivienda y empleo.
“Necesitamos una respuesta eficaz y articulada para la situación de la migración. Por mucho tiempo esos temas se dejaron crecer sin una atención lo suficientemente articulada”, afirmó Duque.
Solo este año 219.923 venezolanos acudieron al sistema de salud colombiano. No obstante, del millón de migrantes hay 43.137 afiliados al sistema por régimen subsidiado y contributivo, por lo cual el Estado ve necesario su ingreso al sistema y así reducir los costos del servicio.
“El acceso a los servicios por evento vía prestación de servicios a la población no asegurada implica mayor gasto al tener que asumir individualmente el costo de cada atención sin la solidaridad del seguro”, dice el documento.
En cuanto a educación, el objetivo es fortalecer el sistema ante la llegada de los nuevos estudiantes, ya que en julio de este año se matricularon 21.746 estudiantes en colegios oficiales y privados.
Ante esto, se ve la necesidad de nivelar a los nuevos estudiantes. “Existen dificultades para los estudiantes que no cuentan con el nivel académico requerido. Esto implica procesos de nivelación o actividades de apoyo por parte de las instituciones educativas, que generan costos adicionales en la atención”, señala.
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De igual forma, se va a fortalecer la convalidación de títulos de educación superior. Para mayo de este año había 9.000 solicitudes, cuando el promedio nacional, antes del 2012, eran de 6.000 requerimientos anuales.
Para la atención de niños y jóvenes se fortalecerán las defensorías y comisarías de familia de manera que se pueda “optimizar la capacidad de respuesta a las situaciones de amenaza, inobservancia, y vulneración de derechos. Esto se realizará a través de asistencias técnicas presenciales, virtuales en los instrumentos emitidos por el ICBF”, detalla el escrito.
Si bien existen más desafíos que oportunidades, el documento también plantea la importancia de identificar cómo los venezolanos le pueden aportar al país en materia económica y social.
“Por medio de la expansión del consumo y la inversión, un choque migratorio de 500.000 personas en edad de trabajar puede producir un aumento aproximado de 0,2 por ciento del PIB”, reza el documento, y agrega que también se puede incrementar la productividad agregada.
“Si la población migrante presenta niveles de habilidad mayores en algún sector (por ejemplo, explotación de petróleo y gas), la productividad de dicho sector tendería a aumentar”, platea el estudio.
Pese a que está claro cómo se enfrentará la crisis migratoria a corto plazo, el documento aclara que “el futuro se la situación es incierto” porque “el fenómeno responde a causas políticas y económicas volátiles e imprevisibles”
