«Los trámites sancionatorios se están aplicando a 20 empresas de Bucaramanga que aparentemente contrataron de manera irregular, violando las normas migratorias y de carácter laboral, a venezolanos que llegaron a la ciudad», explicó Ochoa.
De acuerdo con el funcionario, en los operativos encontraron casos en los que la empresa pagaba $300 mil mensuales a venezolanos que trabajaban más de las ocho horas diarias, es decir, menos de medio salario mínimo. Además, encontraron modalidades de contratación cuestionables como pagar solo comisiones por ventas.
Una ciudadana de Venezuela, que pidió la reserva de su identidad, le informó a Vanguardia.com que fue contratada por una estética que ofrecía servicios de Spa. Su empleador le pagaba $400 mil por siete horas diarias, incluidos sábados y domingos.
«Trabajaba como fisioterapeuta en un Hospital de Maracaibo. Como no tengo papeles en regla ni mis títulos validados en Colombia, solo conseguí trabajo en la estética. Mi jefe me paga $200 mil quincenales y no tengo derecho a descanso. Como estoy irregular, tampoco tengo acceso a prestaciones», explicó la afectada.
Según datos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en el área metropolitana aproximadamente el 55% de venezolanos trabajan de manera informal en supermercados, restaurantes, talleres mecánicos, estéticas, obras de construcción o como vendedores ambulantes.
La Personería, junto con Migración Colombia, la Policía, el Ministerio de Trabajo y el Instituto de Bienestar familiar han realizado estos operativos de control desde finales de 2017. Sin embargo, para el Personero municipal, los esfuerzos tienen que aumentar.
«Como Ministerio Público solicitamos a Migración Colombia que estos operativos se hicieran de forma más frecuentes por el incremento de la población venezolana en la ciudad y para garantizar los derechos de los migrantes. Esperamos también que las acciones legales a las empresas se implementen en corto plazo para que sean ejemplarizantes: no pueden aprovecharse de la situación del migrante para ejercer malas prácticas de contratación», dijo Ochoa.
Respecto a los controles de contratación, la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, hasta febrero de 2018 han sido sancionadas 600 empresas colombianas que contrataban de manera irregular y con malas condiciones económicas a ciudadanos venezolanos.
Las empresas que se sancionen por violación de las normas migratorias e incumplimiento de las normas de carácter laboral en Colombia recibirán multas entre uno y 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Fuente: Vanguardia
