Una noche macabra
Cuando se cumplen dos décadas del operativo paramilitar desarrollado por hombres de las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar (Ausac), los familiares de las víctimas, siete asesinados y 25 desaparecidos, quienes fueron señaladas de colaborarle supuestamente a la guerrilla, siguen exigiendo conocer la verdad y la aplicación de la justicia.
Los hechos ocurrieron una noche de sábado en los barrios El Campín, El Divino Niño, El Campestre y María Eugenia, en la zona suroriental de esa población santandereana.
De acuerdo con versiones dadas a la justicia por antiguos paramilitares, la masacre fue ordenada por Guillermo Cristancho Acosta, alias ‘Camilo Morantes’, jefe de las Ausac, en complicidad de la Fuerza Pública, funcionarios de la oficina de seguridad de Ecopetrol y comerciantes pudientes de la región, planeada como estrategia de expulsión de las guerrillas de las Farc, el Eln y el Epl.
“Ese día empezó un largo viacrucis de 20 años. A partir de ese momento mi vida dio un giro de 180 grados, mi visión de lo que era el país cambió completamente».
Están presos los que halaron el gatillo, pero no quienes pensaron y se confabularon, a ellos no los ha tocado la justicia”, dijo Jaime Peña, padre de Jaime Yesid, el único menor de edad víctima de la masacre, que para la época tenía 16 años y cursaba noveno grado en el colegixo.
Según testigos y familiares de las víctimas, los sujetos armados, sin contemplaciones, le quitaron la vida a siete jóvenes, mientras que a otros los subieron en camionetas para llevarlos a un sitio que en sus momentos todos desconocían.
La última imagen de su hijo que quedó grabada en la memoria de Jaime, vocero del Movimiento 16 de Mayo, es la del momento en que este caminaba por una de las calles de El Campín, el barrio que lo vio crecer, hacia un vehículo, mientras un hombre le apuntaba con un fusil por la espalda.
Dos décadas de incertidumbre
Para los afectados y los defensores que llevan el caso, este ha sido un proceso de largo aliento para lograr el reconocimiento de los hechos. Sobre todo de los actores que participaron en ellos, en especial de los miembros de la Fuerza Pública y comerciantes que los auspiciaron.
De acuerdo con Eduardo Carreño Wilches, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, en el transcurso de los 20 años se ha investigado y juzgado a aproximadamente 22 miembros de la estructura paramilitar, de 70 que habrían participado directa o indirectamente. Por estos hechos cumplen condenas ‘paras’ como Mario Jaimes Mejía, alias ‘El panadero’, acusado de haber dirigido la incursión.
El jurista señaló que también se ordenó la vinculación al proceso de los miembros del Ejército Oswaldo Prada Escobar, mayor del B2 del Batallón Nueva Granada de la Quinta Brigada; los tenientes John Héctor Guzmán y Antonio Enrique Daza Camargo de las bases Termoeléctrica y Pozo 7; y del coronel Joaquín Correa López, comandante de la Policía del Magdalena Medio de la época.
Sin embargo, confirmó el abogado, estos miembros de la Fuerza Pública “estando en este trámite, se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ingresando a la lista que elaboró el Ministerio de Defensa y suscribió ante el secretario de la JEP, y fueron dejados en libertad”.
Dentro del proceso, la Fiscalía ordenó la detención y fue llamado a juicio José Eduardo González, un excapitán de inteligencia del Ejército, quien se desempeñaba como subjefe de seguridad de la refinería de Ecopetrol. También está en apelación las decisiones tomadas frente a miembros del Das que fueron vinculados, como Eddy Álvarez, director de esa entidad en Barrancabermeja en ese momento, quien no está detenido.
«Falta por identificar los empresarios, los miembros de la Fuerza Pública que participaron, por acción o por omisión, en todos los retenes militares que se establecieron desde San Rafael de Lebrija hasta Barrancabermeja».
“Falta por identificar los empresarios, los miembros de la Fuerza Pública que participaron, por acción o por omisión, en todos los retenes militares que se establecieron desde San Rafael de Lebrija hasta Barrancabermeja. No ha sido posible que la Fiscalía identifique y vincule efectivamente a la totalidad de quienes se confabularon con los paramilitares para facilitar la comisión de esta masacre. Es decir, el avance de justicia es muy precario”, dijo el abogado.
El caso de la masacre de Barrancabermeja también cursa su trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH). Hasta la fecha han sido hallados 10 cuerpos de las víctimas y 8 han sido identificados y entregados a sus familiares.
Con el eslogan ‘20 años de justicia denegada y 20 años de resistencia abnegada’, los familiares de las víctimas conmemorarán las dos décadas del episodio. El 16 de mayo, en el barrio El Campin, se adelantará una misa. Durante varios días se mantendrá una muestra fotográfica itinerante que recorrerá varios sectores de Barrancabermeja.
Fuente: El Tiempo
