Comienza junio y con él, al menos para los colombianos, el cuarto mes de emergencia generado por el nuevo coronavirus COVID-19. Coincide con este paso de página en el calendario, la flexibilización del estricto “aislamiento preventivo obligatorio” que se prolongó durante más de 70 días, constituyendo, sin lugar a dudas, un punto de inflexión importante en el manejo de la crisis de salud pública, social y económica que se ha visto exacerbada por la pandemia.
El tránsito a esta nueva etapa, si bien no ha sido anunciado “oficialmente” por el Gobierno Nacional, se sobreentiende a raíz de la promulgación de un nuevo decreto bastante generoso en excepciones para el aislamiento, así como de la mayor libertad brindada a los mandatarios locales para iniciar la apertura de sectores claves.
A pesar del crecimiento acentuado del contagio en algunos territorios específicos, ha primado la sensatez y se ha abierto la posibilidad de que territorios “No Covid” o con un adecuado control de la pandemia, flexibilicen el aislamiento y permitan que nuevos sectores se sumen a la vida productiva. Casos como el de Medellín y Antioquia, así como el de Bucaramanga y Santander, marcan la pauta y la cadencia de la apertura de los sectores de comercio minorista y servicios personales no esenciales.
Ahora bien, las razones que explican esta mayor flexibilidad, en un momento en el cual continua el crecimiento de nuevos casos, claramente tienen que ver con las repercusiones económicas derivadas del aislamiento: una pronunciada caída en la Producción Nacional, que de acuerdo con las estimaciones para el segundo trimestre del año puede estar entre el 7% y el 10%; así como una tasa de desempleo que, para el mes de mayo, se ubicó muy cerca del 20%, Esta situación crítica, ha golpeado de forma más vehemente a las familias más vulnerables, acentuando problemáticas como la desnutrición, la inseguridad y hasta la violencia intrafamiliar.
La cruda realidad que se refleja en las cifras y en el día a día de millones de colombianos, ha desvirtuado la falsa dicotomía entre salud y economía que muchos apologistas de la tragedia esgrimían. Ha quedado claro, por la fuerza de los hechos, que la actividad productiva también es un componente esencial de salud pública, y que cualquier intento del Estado por asistir las necesidades de la población tiene un alcance muy limitado. El verdadero reto, como se ha planteado en múltiples escenarios, consiste en aprender a conjugar las medidas de control de la pandemia, con las dinámicas productivas de los territorios.
Es muy importante comprender este último punto: el análisis de la afectación de la pandemia debe hacerse desde una mirada regional, por lo que las medidas genéricas de corte nacional han perdido sentido. Les corresponde a los territorios liderar las medidas que garanticen una adecuada preparación frente a la pandemia del COVID-19, al mismo tiempo que mitigan el impacto de otra pandemia aún más grave: la del desempleo y la pobreza.
Ya estuvo bien de esconder la cabeza y de esperar que de forma milagrosa el nuevo coronavirus desaparezca. Es el momento, de que los gobiernos locales asuman la responsabilidad de liderar la flexibilización de la vida productiva, al mismo tiempo que brindan garantías de salud pública. Esto, solo puede ser posible si se integran a las políticas públicas, criterios de decisión científicamente validados y herramientas tecnológicas que permitan el acceso a información sensible pero necesaria. No esta de más repetir: las medidas genéricas que restringen la movilidad ya han dejado de ser efectivas, se requiere en este momento, un enfoque mucho más audaz y propositivo.
Cualquier persona racional, esperaría que el departamento de Arauca, en virtud al poco impacto de la pandemia y la grave situación económica y social que se vive en el territorio hace varios lustros, liderara los procesos de flexibilización de la cuarentena y la reapertura de la vida productiva. Sin embargo, la paquidermia institucional nos ha llevado a estar dos o tres pasos por detrás de los territorios lideres en este sentido, en una postura extremadamente conservadora que solo puede interpretarse como desconocimiento y desconcierto frente a lo que se esta presentando y lo que se avecina.
El llamado para todos los mandatarios locales y sus equipos, es a que hagan a un lado los prejuicios irracionales, confronten la situación apoyados en la solidez de los argumentos científicos, y se atrevan a tomar las decisiones audaces que se requieren. ¡Son tiempos de acción y decisión! Estamos frente a una espada de Damocles es claro, pero la inactividad solo ayuda a profundizar el problema.
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