EL abogado defensor de los funcionarios de la Gobernación de Arauca, el señor Ramón Alirio Cárdenas Sánchez, dio a conocer lo siguiente del proceso tras conocerse la imputación realizada por la Fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación convocó a audiencias de imputación e imposición de medidas de aseguramiento, a los funcionarios de la Gobernación del Departamento de Arauca William Arévalo, Heivind Palomino, Ómar Cisneros y Jhon Garrido por hechos relacionados con la celebración del contrato No. 201 de 2020, entre el Departamento de Arauca y la Corporación Cabalgando.
Después de una ligera investigación y recolección de elementos materiales probatorios y un análisis sesgado de los mismos, la Fiscalía se apresura a citar a audiencia de imputación a los funcionarios, con una exposición de los hechos jurídicamente relevantes, genéricos, imprecisos y gaseosos, que tampoco encontraron soporte en los elementos materiales que le sirvieron de guía. En la imputación no se pueden hacer conjeturas o apreciaciones subjetivas, que fue lo que en últimas hizo el ente investigador
También solicitó la imposición de un medida de aseguramiento no privativa de la libertad, la cual le fue despachada desfavorablemente por el Juez de Control de Garantías, quien a tono con los conceptos del Ministerio Púbico y de los abogados de la defensa, consideró que las medidas de aseguramiento que pidió el ente fiscal se aplicaran, para ese caso, eran absolutamente innecesarias, incoherentes e ilógicas, por ende desproporcionadas, toda vez que de los elementos materiales probatorios que exhibió la Fiscalía para sustentar al medida cautelar, no se infería razonablemente, que esas causales argüidas, fueran necesarias para atender los fines constitucionales establecidos en el artículo 308 del C.P.P. Ahora el juez de segunda instancia de control de garantías será quien resuelva la apelación de la Fiscalía General de la Nación.
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