El pronunciamiento del alto tribunal se da al resolver el caso de un sacerdote, que se había negado a ser jurado de votación en elecciones anteriores, argumentando que debía oficiar misa y por ello no podía cumplir con el llamado de la Registraduría Nacional, y que de esta manera, además, se le estaba violando el derecho a la libertad de culto.
La Corte constitucional le respondió al cura y le dijo que primaba «el cumplimiento del deber ciudadano de prestar el servicio de jurado de votación y que esto no implica una carga desproporcionada ni lesiva del libre ejercicio de las creencias religiosas».
Enfatizó la Corte que el cumplimiento de tal deber ciudadano «constituye una condición indispensable para el funcionamiento del sistema democrático”.
Pero también la Corte llamó la atención a la Registraduría por no haber ofrecido al sacerdote las alternativas entre jurados de votación principales y suplentes consagrados en el artículo 5 de ley 163 de 1994.
«Los jurados de votación son órganos esencialmente ciudadanos, independientemente del oficio, actividad o cargo que desempeñen los ciudadanos designados para integrarlos, con las únicas excepciones que establece la ley electoral -las cuales tienen por objeto garantizar la imparcialidad y el funcionamiento de instituciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales», señaló el Alto Tribunal constitucional.
Fuente: Caracol Radio
