El modelo privado en Colombia se adoptó formalmente a partir de la Constitución de 1991, luego que en la década anterior se dieran los primeros impulsos de reformas planteadas desde el Consenso de Washington y el recetario del Fondo Monetario Internacional.
Década de 1990
En esta década se generaron los primeros impulsos a estas reformas de primera generación, en las cuales se permitió la apertura económica, que consistió en que el modelo neoliberal llegara a las principales ciudades, y que desde ese momento a través de los “polos de desarrollo” el mercado de manera ‘inteligente’ llegara a cada una de las regiones. No obstante, el fenómeno del narcotráfico y de la presencia de grupos armados, dificultaba de manera notable que el neoliberalismo de manera efectiva llegar a cada uno de los rincones del país.
Si bien, nos mostraron las ventajas de la libertad y de las buenas capacidades que traía la lógica del mercado, en las regiones la alta dependencia del Estado era fundamental para dinamizar el desarrollo, los cambios fuertes y rápidos favorecieron intereses privados, que lejos de traer dinámicas propias de una economía, afianzaron el modelo terrateniente, monoproductor y con características de ‘Señores de la Guerra’, que lejos de dar oportunidades para todos, incrementó las desigualdades logrando así que el acceso a los derechos fundamentales fuera en un momento sometimiento a estos “señores” o que fuera altamente costoso. En esta primera década vemos como la Salud, la Educación y la vivienda, tienen un proceso predativo hacia la privatización, con la aparición de grupos empresariales por medio de las Entidades Promotores de Salud, tanto en los sectores contributivos y subsidiados; la concesión de la educación y la aparición de universidades de bajo presupuesto y entidades constructoras para afianzar en un momento el modelo UPAC y el generado a partir de la crisis de éste.
Siglo XXI
El cambio de Siglo trajo consigo la continua reducción del Estado en su papel en la economía, con el Gobierno de Uribe Vélez, se dio continuidad a estas reformas de primera generación de una forma más acelerada, impulsada por los sectores empresariales, que terminó de acabar la presencia del Estado y restarle margen de acción.
La venta de activos en Telecom, con monopolio y presencia en el 99% del territorio nacional, la liquidación del Instituto de los Seguros Sociales, Caja de Previsión Social, la venta de activos en ISA e ISAGEN, la presión por la venta de empresas de servicios públicos en departamento y municipios, y la aparición de las IPS como parte de la expansión del derecho de la salud, fueron reduciendo al Estado colombiano a una presencia como un ente de gendarmería con una respuesta limitada.
El humo de las balas y la maquinaria bélica generó un falso sentido de patriotismo, que se encausó hacia acabar contra un enemigo interno, como producto de una ilusión quijotesca, el cual, durante ocho años, solo generó victorias pírricas producto de acciones dudosas. Detrás de ese humo, el Estado quedó en mano de grupos de interés que estaban lucrándose de los derechos fundamentales de los colombianos, nada más rentable que los negocios alrededor de la Salud, Pensiones, Educación, Saneamiento, Vivienda y Servicios Públicos.
A pesar de las crisis de 2008, 2012 y 2015, la solución doctrinaria de los tecnócratas fue seguir fortaleciendo lo privado, leyes como la 1150 de 2007, fortalecían los negocios a partir de la contratación del Estado, lo cual incrementó lo altos márgenes de corrupción institucional y los carteles de contratación a múltiples niveles, todos ellos de carácter particular. Mientras al colombiano promedio, se le vendía la idea la eficiencia de los privados para generar beneficios, a pesar de que los índices de desempleo estaban por las nubes, y déficit en el ahorro acompañado de la baja capacidad adquisitiva del colombiano eran pan nuestro de cada día.
30 años de un Modelo Fracasado
Treinta años después de seguir el recetario del FMI, de volver al Estado más pequeño y que su intervención en el modelo económico fuera reducida a ser un agente “reformador/facilitador”, los efectos han sido catastróficos, y estos han sido evidenciados por la crisis generada por el “parón” por la pandemia del COVID-19.
Uno de los efectos sensibles de estas privatizaciones, se evidencia en el derecho fundamental de la salud. Con la invención de Ley 100 de 1993, el esquema de salud rural y de los pequeños municipios se precarizó, a niveles que más del 70% de los 1.103 municipios no tienen certificado este derecho fundamental, además que el número de camas y médicos terminó concentrado en redes de salud que concentran la atención en ciudades capitales o municipios de importancia. Por lo cual, atender un caso de COVID-19 en un municipio como Puerto Rondón (Arauca) sería un acto imposible, porque ninguna EPS hace presencia eficiente en este municipio, y no existe instituciones de salud privada porque el mercado es limitado a unas cuantas familias.
Otro resultado nefasto se evidencia en el trabajo, ya que el empleo privado en las regiones es limitado y se relaciona directamente a las ofertas de contratistas del Estado, y algunos privados son en su mayoría emprendimientos cuyo ingreso es el ‘diario’, producto de la movilidad de los habitantes y sus necesidades. Por lo cual, si hay movilidad reducida como en caso de un aislamiento social, sus ingresos sería menores y los ingresos de estos trabajadores serían menos de los mínimos establecidos, esto sin contar con la inestabilidad laboral. En más de 70% de los municipios, solo son fuente de trabajo las limitadas alcaldías y las saturadas gobernaciones que cada día tienen más competencias y menos recursos. Por lo cual el empleo en estos 30 años ha sido el más perjudicado y por eso tenemos las tasas de informalidad más alta de la región.
Pero la contradicción más grande sucede en los servicios públicos. Hoy pagamos el error garrafal haber vendido electrificadoras, acueductos, servicios de aseo y las telecomunicaciones. Este sin duda, es uno de los sectores perjudicados por la privatización, ya que dejaron de ser negocios con mucha responsabilidad social, a ser negocios contra el bienestar social. En tiempos de crisis, este sector es insensible a las necesidades de los colombianos, ya que la Ley 142 de 1994 -y subsiguientes- permite que cada cual de las empresas nunca pierdan. Por tanto, los alcaldes puedes decir que buscarán congelar el pago de estos, son las empresas de manera autónoma si ven esto factible o no. Por esta razón CENS, en Norte de Santander, seguirá cobrando su tarifa y las empresas de acueducto como negocios anexos, siguen sin tocarse las fibras para la población de municipios pobres en su mayoría de sexta categoría.
Lo curioso es que el Estado, en esta pandemia, promociona el uso de redes para complementar las actividades laborales y educativas, pero olvida que el 70% del campo y pequeñas ciudades no tiene conexiones y el Gobierno no tiene cómo llegar a solventar este problema a corto y mediano plazo por su propia acción, debido a que vendió el negocio que le permitía llegar con redes de internet a municipios como Toledo o Labateca, donde internet es un lujo y el analfabetismo digital es alto.
Y si así hacemos un balance, el COVID-19 demostró que las privatizaciones fortalecieron grupos empresariales, que desde el sector financiero, buscarán muy seguramente ofreciendo “deuda” -a modo de préstamos y financiamiento- a los colombianos para solventar los efectos de sus mismos actos, excusados detrás de la palabra “pandemia”.
Podemos ver que lo privado en Colombia ha ido en detrimento del mismo desarrollo del país, de un verdadero crecimiento económico generalizado, que nos retrocedió al modelo monoproductor y agroexportador, como en el siglo XIX y gran parte del XX, con un desarrollo desequilibrado y concentrado en unas pocas grandes urbes, y un déficit de producción de la canasta básica familiar tanto así que estamos importando más del 45% de esta para consumo de los colombianos. Además, una oferta de derechos como salud, educación, vivienda, empleo, servicios públicos es deficiente, gracias a que los privados compiten en grandes núcleos poblacionales, lo cual lleva a que exista una brecha enorme en la calidad de vida entre los habitantes del campo, como por ejemplo los municipios del Sur de Bolívar y Bogotá.
El Estado colombiano debe empezar ya a recuperar su papel en la economía para que los privados luego del estado de pandemia no abran más la brecha y que se recupere la función social de la economía por medio de acciones Estatales, para el goce de derechos para todos los colombianos de las regiones, a las cual el neoliberalismo y sus agentes les robó hace más de 30 años la ilusión del desarrollo.
