Desde el Congreso el fiscal Néstor Humberto Martínez entregó detalles de cómo operaba la red de intermediarios que dirigía Marlon Marín para hacerse a contratos a través de la Agencia de Desarrollo Rural y el Departamento Nacional de Planeación.
La Fiscalía sigue atando cabos sobre la red de corrupción que atrapó los dineros del posconflicto. Este miércoles durante una audiencia en la Comisión Primera en el Congreso el fiscal Néstor Humberto Martínez reveló cómo operaba la red de intermediarios que se movía en 24 departamentos del país tratando de quedarse con unas buenas coimas de la chequera del posconflicto.
Son doce y no nueve los intermediarios que hasta ahora han sido interrogados, reveló el jefe del ente investigador durante su intervención. Estas versiones que vienen entregando los hombres y mujeres involucrados se suman a los 80.000 registros telefónicos que permitirán no solo conocer quiénes participaban sino que también servirán para esclarecer cómo operaban.
La red se dedicó a «obtener beneficios económicos, coimas y sobornos a partir de la información privilegiada que tenían (…) Marlon Marín rindió un interrogatorio en la Fiscalía donde confirmó la dimensión, el alcance de la investigación y se ofreció a actuar desde Estados Unidos. Quiere contribuir con información para aclarar todo este entramado que alcanzó a construirse con los dineros de la paz», dijo el fiscal Martínez.
A la fecha la Fiscalía ha podido identificar al menos tres modalidades que delineaban el comportamiento de los intermediarios y les permitían apropiarse de buena parte de los recursos que no solo tenían que ver con proyectos productivos. Y es que, según se supo, solo el sobrino de Iván Márquez cobraba para su familia el 5 por ciento de los proyectos que terminaba gestionando y para los cuales servía como mediador.
En materia de contratación de vías terciarias, por ejemplo, los intermadiarios de manera sospechosa consiguieron información de los municipios donde se iban a desarrollar los proyectos. Además tenían cifras exactas de las cuantías que se invertirían. De esta forma los intermediarios conseguían adelantarse a los procesos que se llevaban a cabo para aterrizar la llamada paz territorial. En este caso fueron varios proyectos de inversión en 19 departamentos y más de 58 municipios donde esta red de intermediarios se encargó de conseguir los contratistas. Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba, Caquetá, Casanare, La Guajira, Norte de Santander, Tolima y Vaupés, son algunos de los departamentos involucrados.
Pero la red no operaba sola. Según informó el fiscal Martínez, antes de partir rumbo a Estados Unidos, Marlon Marín «habló de los contactos que hizo con los alcaldes que habrían recibido una parte de los recursos» y terminó por entregar nombres de varios de ellos. Y es que según detalló durante la audiencia «se pagaba el 11 por ciento en coimas. Es decir 5,5 por ciento con el anticipo y la otra mitad con el acta de la primera obra». De acuerdo con el modus operandi a la intermediaria no se le pagaría con esos recursos sino con la obligación que asumían de que ella fuera la interventora de la totalidad de proyectos que conseguía. En este caso, por contratación de ejecución de vías terciarias.
De acuerdo con el fiscal Martínez, una vez conocidos los municipios cubiertos por las Zomac, la red de intermediarios se encargó de buscar contratistas que no solo cumplieran con los requisitos sino que ellos mismo buscaban que los proyectos que se propusieran fueran viables. Por eso, también los formulaban y se los entregaban a los alcaldes de los municipios que se encargarían de llevar el debido proceso. «Inicialmente eran el 5 por ciento, luego variaba entre el 10 y el 11 por ciento» y bajo esta modalidad se radicaron entre 50 y 60 proyectos.
«En tercer lugar se evidenciaron trámites en la Agencia de Desarrollo Rural. Ofrecimientos a partir de esta red de intermediarios que tenía por objeto que se reformularan los proyectos de acuerdo con la tecnología y requisitos que pedía la agencia y para esa gestión se cobraba un porcentaje del 11 por ciento. Esto fue declarado bajo juramento por el actor que intervino en el proceso», agregó el fiscal en su relato.
Otra de las entidades contaminadas es el Departamento Nacional de Planeación. Esta red de intermediarios identificaba proyectos en el DNP con el fin de asignarles recursos. Ellos conseguían el BPIN de los contratos. Es decir, el número de radicación con la promesa de asignarles recursos de cooperación. Bajo esta modalidad se han identificado seis contratos que tendrán que ser revisados minuciosamente.
«Funcionarios públicos habrían recibido recursos. Hubo pagos por varios millones de pesos para conquistar la viabilidad técnica y financiera. Adicionalmente se cobraba el 12 por ciento del valor de los proyectos que se pagaría con la adjudicacion de cada contrato», señaló.
Frente al tema de los proyectos productivos el fiscal Martínez anunció que hay iniciativas de granjas econativas en Amazonia y Antioquia; frigoríficos, viviendas, programas de sustitución de cultivos, cannabis medicinal y piscicultura. Son 22 empresas identificadas que estuvieron colaborando como ejecutoras de estos proyectos en el entramado de corrupción. La ventaja, sin embargo, es que a la fecha las autoridades apenas van a desembolsar el primer monto para reincorporación.
