“¡Arrástrate como un gusano!”, gritaban soldados a Paula Colmenarez Boscán, una estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, tras ser detenida en el este de Caracas en una movilización contra Nicolás Maduro en julio. “Me arrestaron decenas de militares. Me manoseaban la entrepierna mientras me trasladaban en una motocicleta. Me cubrieron la cabeza, me golpearon y robaron el celular. Solo me liberaron cuando se hizo viral una foto en la que aparecía siendo arrestada”, dice.
Su ejemplo ha alertado a instancias internacionales acerca de la creciente represión en Venezuela. El martes, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas señaló al Gobierno de Maduro por el uso “generalizado y sistemático” de “fuerza excesiva” contra miles de manifestantes. El comunicado denunciaba detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas a disidentes durante las protestas de la oposición, que han entrado ya en su quinto mes. Tarek William Saab, defensor del pueblo y fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, no respondió a EL PAÍS sobre este informe.
Tamara Taraciuk, de Human Rights Watch (HRW), dibuja un perfil de los torturados. “Son mayormente disidentes o críticos. No son solo aquellos líderes opositores conocidos, sino que se trata de ciudadanos de a pie que el Gobierno considera disidentes simplemente por participar en manifestaciones o por estar pasando cerca de una”, explica.
En junio, Mileidy González, una joven auxiliar de enfermería, fue detenida por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando caminaba cerca de una protesta en Barquisimeto, capital del Estado de Lara (oeste). “En la comandancia policial me ataron por las muñecas, me colgaron y así comenzaron a golpearme una y otra vez. Amenazaron con violarme y sembrarme droga si denunciaba, me destrozaron”, dice.
Sus evidencias son fotos, recuerdos, cicatrices en la piel y una lesión en el bazo. González estuvo hospitalizada ocho días después de ser salvajemente golpeada, pero nunca recibió un informe médico que certificara su condición durante el arresto. “Ningún doctor se atrevió a dármelo. Ni siquiera quisieron darme una constancia médica en un CDI [Centro de Diagnostico Integral, red de ambulatorios creada por Hugo Chávez]”, explica. Sus agresores están en libertad, mientras ella debe presentarse cada mes ante un tribunal, imputada por daños violentos y resistencia a la autoridad. “Si eres policía o militar en Venezuela, lo puedes todo. Ellos te quitan tu libertad y violan tus derechos sin importar si eres inocente”, agrega.
Gaetano Costa, un politólogo de 42 años, ya había experimentado los excesos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) en 2014. En mayo de ese año fue detenido en una protesta. “No estaba solo. Varios manifestantes fueron detenidos ese día. Nos encerraron en una oficina en el interior de una comandancia de la GNB. Allí nos golpearon, amenazaron con desaparecernos, nos apuntaron con armas de fuego y hasta lanzaron dos bombas lacrimógenas. Parecía una cámara de gas nazi. Los militares decían que íbamos presos por guarimberos [opositores]”, recuerda Costa, militante de Voluntad Popular, el partido del preso político Leopoldo López, y regresó a las calles para protestar nuevamente contra Maduro este año. Fue detenido y golpeado, una vez más, en Lara.
González opina que su testimonio puede ser útil para ventilar los atropellos de las fuerzas policiales en el exterior. Andrés Colmenarez, director de la ONG Funpaz, certifica este trato cruel contra los opositores. Paula, la estudiante pisoteada por militares, es la mayor de sus tres hijos. “Son casos excepcionales, por lo general la mayoría no se atreve a ser identificado. En las protestas de 2014 unas 80 personas denunciaron torturas en Lara, este año han sido 20. Eso no nos habla de una disminución de los casos, sino de los ciudadanos que se atrevieron a hacer públicos estos abusos”, expone.
Miedo a denunciar
La abogada Tamara Bechar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, confirma que la alta impunidad puede influir en que las víctimas no quieran denunciar. “He defendido a dos menores de edad, de 16 y 17 años, detenidos durante una protesta. Ellos comentaron en su audiencia de presentación sobre los maltratos físicos y hasta actos lascivos cometidos contra uno de ellos por fuerzas de seguridad del Estado. Todo eso está registrado en actas. No pasó nada contra sus agresores, unos militares”, explica. Para Taraciuk es elemental que se documenten estos casos. “Hoy en día es impensable que se haga justicia en Venezuela porque el poder judicial es un apéndice del Ejecutivo”.
Spider-Man, alias de un miembro del autoproclamado Movimiento de la Resistencia, no ha denunciado ante el ministerio público a los militares que, supuestamente, son culpables de la pérdida de su ojo izquierdo en una protesta durante la elección de la Asamblea Constituyente, el 30 de julio. “Antes me habían golpeado dentro de una comandancia de la policía de Lara, pero seguía protestando porque no tenía miedo”, indica. Clandestino y herido en Barquisimeto, este joven de 22 años asegura que sería un riesgo delatar a sus agresores. “Me meterían preso, ellos seguirían libres”, supone.
Fuente: El País
