Destituida de la Fiscalía General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz se ha transformado en la principal testigo contra el régimen del presidente Nicolás Maduro. Además de las denuncias de violaciones de los derechos humanos, similares a las difundidas en las últimas semanas por oposición y organismos internacionales, Ortega asegura que dispone de documentos para implicar al presidente y decenas de sus aliados en delitos de corrupción.
Parte de esas pruebas ya fueron entregadas a investigadores brasileños durante una reunión de fiscales sudamericanos en Brasilia. En los próximos días, Ortega promete entregar otros documentos a las fiscalías de España, Colombia y Estados Unidos. Los casos implican no solo a Odebrecht, el gigante de la construcción brasileña que ha admitido sus manejos corruptos en los principales países de América Latina, sino también a empresas vinculadas a los jerarcas del régimen, según Ortega, con sede en España y México. La fiscal ha señalado incluso a la empresa que abastece las cestas de alimentos que la población más pobre recibe del Estado venezolano.
En los dos días que pasó en Brasilia, Ortega se reunió con colegas fiscales y al menos otras dos autoridades, el ministro de Relaciones Exteriores, Aloysio Nunes, y el senador del partido de centro-izquierda Rede, en la oposición, Randolfe Rodrigues. A ambos relató principalmente una serie de atrocidades cometidas por el Gobierno de Maduro. Ortega, según han informado sus interlocutores, detalló que el magistrado Ángel Zerpa Ponte, que la defendió durante su proceso de destitución, está preso en una cárcel amarrado al lado de un retrete inmundo. Otra de las personas que la apoyaron, el general retirado Raúl Baudel, fue detenido por el servicio de inteligencia bolivariano y hace dos semanas nadie de sus familiares o amigos sabe de su paradeiro.
Según Ortega, al menos 37 presos políticos con órdenes judiciales de libertad continúan detenidos. La fiscal también se refirió a la desesperada situación de famílias que hurgan en los cubos de basura para encontrar alimentos o al centenar de muertos durante las protestas contra el régimen.
De entusiasta del chavismo, Ortega ha pasado a ser una nueva opositora con poderes para destapar la deriva represora y sangrienta de Maduro. “Lo que ella dice no puede ser ignorado. No se trata de un simple político opositor, es una antigua defensora del régimem de Hugo Chávez, fiscal general, que tiene pruebas de lo que dice. No es poca cosa”, afirmo el senador brasileño Rodrigues. En Brasil, ese parlamentario fue en su momento uno de los defensores del Gobierno de Chávez, contrario a cualquier sanción de su país a Venezuela, pero, ahora, después de conversar con la fiscal, dice que ha cambiado de idea. “No se trata ya del embate izquierda o derecha en el poder. Es una cuestión humanitaria. Creo incluso que Brasil debería llamar a su embajador en Caracas para que exigiese aclaraciones. Eso sería outro gesto duro contra ese Gobierno”, analizó.
El panorama que la fiscal destituida hizo a sus colegas sobre el Gobierno de Maduro es de una total vulneración de la Constitución que certifica el fin de Estado democrático de derecho. Sus relatos van en la misma línea de los hechos constatados por el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) a principios de mes. Y Ortega expresó en Brasil el temor de que algo similar ocurra en otros países del continente.
Después de su paso por Brasil, donde fue recibida como invitada especial de la reunión de fiscales, Ortega retornó a Colombia. El pasado día 20 huyó para ese país con otras tres personas, su marido, el diputado Germán Ferrer; una asistente, Gioconda González, y el fiscal anticorrupción Arturo Vilar.
Oficialmente, Ortega dice que aún no ha decido si aceptará las ofertas de asilo político de los gobiernos brasileño y colombiano. Su única certeza es que continuará su periplo por el mundo para denunciar las agresiones del actual presidente. La previsión es que participe en las próximas semanas de algún acto en Estados Unidos, cuando aprovechará para entregar documentos en aquel país y continuará la denuncia pública del régimen. En uno de los encuentros con las autoridades brasileñas esta semana la exfiscal general envió un mensaje a Maduro y a los que apoyan su Gobierno. “Si algo sucediese contra mi vida, ya saben quién debe ser responsabilizado”.
