Al parecer están implicados en las irregularidades detectadas en varios contratos que
sumarían más de once mil millones de pesos.
A la cárcel -con medida de aseguramiento- fueron enviados el gobernador de San
Andrés, Ronald Housny Halle, hoy suspendido, y la exgobernadora de la isla, Aury
Guerrero Bowie, por la presunta apropiación de dineros públicos de contratos de la
Gobernación que sumarían once mil millones de pesos.
Durante la audiencia, el fiscal del caso señaló que entre las pruebas que tiene el ente
acusador están testimonios de funcionarios de la Gobernación y contratistas, que
habrían señalado la forma en que presuntamente se legalizó la salida de los dineros a
cambio de la manipulación de licitaciones públicas, así como el tiempo, modo y lugar
en que los funcionarios recibieron dichas sumas de dinero.
Los hoy detenidos fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación,
contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y concierto para delinquir.
La Fiscalía insistió en la urgencia de la medida de aseguramiento en centro de
reclusión para proteger a la comunidad isleña de funcionarios que con el dinero de la
regalías buscan enriquecerse; argumento que fue respaldado por el delegado de la
Procuraduría quien indicó que se hace necesaria “por la posibilidad de la injerencia de
los imputados en la investigación y la posible comisión de otras actuaciones delictivas
en contratos actuales”.
Una de las pruebas que develó el ente acusador en la audiencia para justificar la
medida, fue la interceptación de una llamada en la cual el gobernador Ronald Housny
Halle, después de su suspensión, habla el gobernador encargado del departamento
para indagar acerca del presupuesto y los contratos que se estaban llevando a cabo.
Por estos hechos un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá atendió el
requerimiento de la Fiscalía y los envió a la cárcel.
La investigación
En la Séptima Jornada Anticorrupción que se cumplió en San Andrés Islas, el 13 de
octubre de 2017, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira,
escuchó a la comunidad y tomó nota de una creciente preocupación por demoras en la
entrega de obras de infraestructura, de servicios prioritarios para la comunidad y
apropiación indebida de dineros públicos.
Desde ese momento, fueron destacados equipos de investigadores y fiscales que se
dieron a la tarea de hacer las respectivas indagaciones.
Como resultado de ellas, la Fiscalía encontró presuntas irregularidades en la
adjudicación de contratos por alrededor de ciento veinte mil millones de pesos
($120.000’000.000) que habrían sido entregados a los mismos constructores que, a
cambio de coimas, se quedaron con las obras de valorización en Armenia.
Con este antecedente, las labores de policía judicial fueron orientadas hacia los
contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y algunos de sus
presuntos socios, y se estableció que para quedarse con la construcción de colegios y
parques en el departamento, supuestamente pagaron el 10% del valor de los contratos
con el probable auspicio de altos dignatarios del gobierno departamental.
La Fiscalía estableció que este porcentaje era pagado en las casas de los
involucrados, oficinas y en vehículos oficiales. Los contratistas entregaban el valor
pactado a intermediarios quienes serían los encargados de repartir las coimas a los
mandatarios y algunos funcionarios, que presuntamente manipularon las licitaciones
públicas y descartaron a otros oferentes con el pretexto de que no cumplían los
requisitos de ley.
El detrimento patrimonial por concepto de sobornos podría superar los once mil
millones de pesos ($11.000’000.000).
El ‘megacolegio’ que nunca terminaron
Entre los contratos adjudicados sobresale la construcción del Centro de Educación
Media Diversificada (Cemed) Antonia Santos, que serviría a la población estudiantil del
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El contrato fue suscrito el 23 de diciembre de 2014, por un valor de cincuenta mil
millones de pesos ($50.000’000.000), y deberían entregarse a la comunidad en
diciembre de 2015; sin embargo, hoy, cuatro años después, las obras no alcanzan el
50% de su ejecución.
Los testimonios, el material probatorio y la evidencia física en poder de la Fiscalía,
darían cuenta que para este proyecto de ‘megacolegio’ el constructor, diseñador e
interventor pertenecían a una misma firma, que era liderada por los señores Hernán
Moreno Pérez y Fernando León Diez Cardona, como se presentó en el desfalco a los
recursos de valorización en Armenia.
Por estos hechos también fueron capturadas otras nueve personas y los contratistas
Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y Ángel José Angarita Pareja
serán citados a audiencia de formulación de imputación por los nuevos delitos, toda
vez que cumplen medida de aseguramiento de detención domiciliaria por hechos
detectados en Armenia.
