Ya conocemos el tamaño de la migración. Según las cifras oficiales, para finales del 2018, se encuentran legalmente registrados como residentes estables en Colombia 1.235.593 venezolanos.
Hay quienes sostienen que el número real es mayor. Pero aceptándolo como el más confiable, en todo caso es la cifra declarada por las autoridades de gobierno, se puede concluir que estamos frente a uno de los más grandes fenómenos de migración entre dos países con frontera común ocurridos en la historia de América Latina.
También sabemos que el éxodo es para largo. Porque, aún si el régimen autoritario de Nicolás Maduro se derrumbara mañana por la tarde, los niveles de deterioro de la sociedad y la economía venezolana son tan grandes grandes que una mínima recuperación, y por tanto un presumible retorno masivo de los emigrantes, siendo optimistas, tardaría por lo menos unos cinco años en ocurrir.
Además, los estudiosos de las migraciones masivas han observado que, cuando se producen los procesos de retorno, menos del 20% de los que habían partido regresan al país de origen. Los demás echan raíces. Se mezclan. En Venezuela lo sabemos bien.
Europa occidental se recuperó con éxito de las dos guerras mundiales, pero de las centenas de miles de italianos, españoles y portugueses que a partir de los años 1940 emigraron a Venezuela en la posguerra, muy pocos regresaron.
Resulta, además, que el fenómeno contemporáneo de la migración venezolana es bastante atípico. No responde a los factores ya clásicos de los grandes desplazamientos.
Los venezolanos no huyen de un conflicto bélico. Como los sirios a Europa de la guerra civil. Tampoco de una catástrofe natural. Como los haitianos a Dominicana luego del terremoto de 2011. Ni salen a buscar fortuna o a mejorar sus condiciones de vida. Como tantas migraciones latinas a USA o Europa. Y solo una pequeña parte son, en sentido estricto, perseguidos políticos. El caso del Chile de Pinochet o la Cuba de Fidel.
El emigrante venezolano huye de una catástrofe social resultante de un fracaso político. Estamos ante un contingente humano en movimiento cuyos miembros padecen su situación más como un castigo que como una alternativa. Se perciben a sí mismos como refugiados antes que como emigrantes.
El refugiado es alguien que ha sido obligado a marcharse de su país porque su seguridad, su libertad o, incluso, su propia vida está en riego.
El emigrante, en cambio, decidió libremente marcharse por conveniencia personal. Sabe que puede volver cuando quiera. El refugiado no. Porque su vida o su libertad corren peligro si regresa.
El venezolano, especialmente el de menos recursos, quema sus naves al partir. Cuando cruza a pie la línea fronteriza sabe que, como la mujer de Lot a Sodoma, no debe voltear a mirar. Atrás queda la debacle. Adelante la incertidumbre. Es una condición muy vulnerable. Porque, hay que decirlo, la venezolana es una migración de la desesperanza.
¿Qué debe hacer Colombia?
El primer paso es asumir, como al menos en lo declarativo parece haberlo hecho ya su gobierno central, que la migración venezolana es de hecho un componente decisivo del futuro colombiano. Y que su tratamiento exitoso requiere del diseño y ejecución de políticas pública de Estado, integrales y pensadas para el largo plazo. Los paños calientes en estos casos no funcionan.
Veámoslo así. Es como si de improviso se le hubiese anexado a Colombia un nuevo departamento. Porque el número oficial de venezolanos inmigrantes es casi exactamente el mismo del total de pobladores del Norte de Santander. Lo que significa que la población anexada requiere un número de servicios educativos, atención a la primera infancia, vivienda, transporte, salud, y seguridad, equivalente a todos los del Norte de Santander. Y para suplir esos servicios, sin crear caos local, tanto el mundo privado como el Estado deben planificar.
