La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que los desmovilizados del extinto grupo de las FARC-EP sostienen una serie de fallas a la hora de realizar su reincorporación a la vida civil.
“Se observaron serias deficiencias, como la falta de agua potable, saneamiento y viviendas habitables en las Zonas veredales transitorias de normalización donde se concentron los combatientes para iniciar el proceso de desmovilización. Esta situación puede haber llevado a que algunos exmiembros de las FARC-EP abandonaran estos lugares”, se lee en el documento.
El órgano internacional en medio de su verificación observó sobrecostos de alimentos y demoras en la construcción de infraestructura en algunas de las Zonas.
Indicó además que el 66% de la población reincorporada proviene de zonas rurales. El 30% se identifica como integrante de un grupo étnico y el 23% son mujeres.
En su informe la Oficina resaltó un estudio socioeconómico realizado por la Universidad Nacional, donde asegurá que uno de los principales desafíos en el proceso de reintegración a la vida social es la salud, debido a que 3.305 de las personas entrevistadas indicó tener una discapacidad por causa del conflicto.
En el marco de la implementación de los acuerdos de paz, la Oficina del Alto Comisionado resaltó los planes que tiene el Gobierno Nacional para avanzar en la reincorporación de los desmovilizados, por lo que celebra el enfoque de género.
“Los excombatientes podrían reintegrarse a la sociedad realizando trabajos o actividades de guardabosques, de apoyo logístico para la productividad y de atención médica básica. Una reintegración exitosa es clave tanto para evitar que los excombatientes participen en actividades ilegales como para impulsar el regreso de quienes abandonaron el proceso de reintegración”, se lee en el informe.
Los grupos armados que ocuparon las zonas de las Farc
El informe del órgano internacional confirmó que las bandas criminales han llegado acaparar los espacios que dejaron las extintas FARC, por lo que autoridades registraron nuevos actos de violencia en las comunidades rurales. Lo que afecta a los desmovilizados, por dos razones, la primera de ellas, son atacados por la banda criminal; y la segunda, la sociedad se niega acoger a los desmovilizados como parte de la misma.
“Algunos sectores de la sociedad se rehusan a aceptar a los desmovilizados de las FARC-EP, especialmente aquellos que están en el ámbito (…) lo cual ha demorado y dificultado la implementación del Acuerdo, especialmente en relación con su participación política”, dijo la Oficina.
Debido a esto la OACNUDH recibió información sobre el asesinato de al menos 36 exmiembros de las FARC-EP en 2017.
“Preocupan los limitados avances en las garantías de seguridad para la participación política de las FARC-EP que están contempladas en el Acuerdo. El Programa Integral de Protección para organizaciones y comunidades rurales, que incluye a los exmiembros de las FARC-EP, aún no está completamente operativo”, se lee en el informe
