El Gobierno Petro se ha propuesto la difícil tarea de desarrollar una reforma rural que avance en la solución del problema de la propiedad, tenencia y uso de la tierra en Colombia. De manera paralela, se ha comprometido con la construcción de una Paz Total. Y, casi de contera, avanza en una nueva política de frente al narcotráfico; sin contar los otros retos que se ha impuesto. Estas tres iniciativas demandan transformaciones extraordinarias del sistema político, de la dinámica económica del país y de los límites jurídicos del sistema penal. A primera vista, parecieran esfuerzos titánicos; pero desordenados, inconexos, -incluso- mutuamente excluyentes, los cuales podrían multiplicar los frentes de acción de este gobierno, desgastar su legitimidad y dar combustible a la oposición. Oposición que, con cualquier salida en falso, podría capitalizar los errores e ir acumulando legitimidad de cara a nuevas contiendas electorales.
Las tres tareas no son sencillas, demandan una capacidad política sin límites, pero hacen parte de un mismo proyecto. La Paz Total no se puede aclimatar sin transformar la visión sobre el tratamiento del narcotráfico, el principal recurso que financia la guerra. A su vez, la tierras dedicadas a cultivos de uso ilícito y las acaparadas por las mafias servirán para desarrollar las reformas necesarias que garanticen el acceso a la propiedad rural para el campesinado. Finalmente, la paz en los territorios se concretara solo cuando los señores de la guerra dejen de matar por las rentas ilegales, los campesinos no vean en los cultivos de uso ilícito su única alternativa, y la propiedad, tenencia y uso de tierra se ordene sin el karma de la violencia y el narcotráfico. ¿Por dónde empezar? ¡Por el principio, por la tierra!
En Colombia, el sector rural ha sido el coto de caza de todas las ilegalidades y violencias. Desde inicios del siglo XX, el campesinado soportó la violencia de los terratenientes, el desprecio de las elites políticas y el abandono casi total del Estado. Durante la Hegemonía Conservadora, se fue incubando una violencia soterrada que estalló de manera fulminante en la Masacre de las Bananeras. Luego, el proyecto de la República Liberal solo pudo plantear las bases de una Reforma Agraria que apenas alcanzó a llenar de expectativas al campesinado, pero que luego la Gran Violencia sepultó con miles de muertos. La irrupción de las Guerrillas en los años sesenta exacerbó el conflicto, empoderó al campesinado en algunos lugares; pero, al final, terminó nuevamente con su victimización. El capítulo de violencia de los ochenta tomó un campesinado desorganizado, violentado y pobre, y lo involucró en el flagelo del narcotráfico. Y “Allí fue Troya”, la violencia insurgente, los patrones del narcotrafico, las huestes paramilitares y la violencia del establecimiento aliado con las mafias para derrotar a su enemigo común (las guerrillas) emparedó al campesinado entre las armas de guerrillas, paramilitares, fuerzas oficiales y grupos organizados de narcotraficantes.
Así las cosas, las aspiraciones legítimas del campesinado para acceder a la tierra estuvieron siempre empañadas por la sangre y la violencia, pero -y esto es lo peor- por la inacción del Estado o por su actuación abiertamente en contra de esas aspiraciones. La historia de las intervenciones estatales para resolver el problema de la tierra se han comportado de forma pendular: oscilan entre el reformismo inane para calmar las reivindicaciones campesinas y el apoyo a procesos retardatarios en lo económico que muchas veces se han aliado con la violencia ilegal. A la iniciativa de Reforma Agraria de la Ley 200 de 1936, le sigue la “conservadurización” y la violencia que acompañó la Ley 100 de 1944. A su vez, al reformismo tímido de Lleras Restrepo le correspondió la respuesta terrateniente del Pacto de Chicoral bajo la administración de Pastrana. Y, en años de 1990, los bandazos se dieron entre la creación de un mercado de tierras y el reconocimiento taimado de las aspiraciones campesinas. De manera conexa con esas iniciativas pendulares, se desarrollaba de forma creciente el conflicto armado interno, con sus desplazados, sus muertos, sus desaparecidos, sus falsos positivos, buena parte de ellos campesinos.
El proceso de paz con las FARC-EP puso nuevamente el problema de la tierra, y la violencia que lo acompaña, en el centro de la agenda pública. Incluso, lo convirtió en el Punto 1 del Acuerdo: el más extenso, el más complejo de acordar y el que mayores transformaciones podría desarrollar en las dinámicas de la guerra. Sin embargo, una cosa es negociar y otra muy diferente es implementar. Más aún, cuando el gobierno siguiente no tuvo ninguna intención de hacerlo; es más, declaró desde el principio su oposición frontal al Acuerdo. Con estos precedentes, el tiempo de ese Gobierno se consumió, al principio, en sabotear las instituciones creadas, y, luego, solo al final, cuando la presión nacional e internacional reclamaba la falta de compromiso, este se centró en desarrollar una especie de simulación de su aplicación en lo que llamó: La Paz con Legalidad. La estructura de poder en el mundo agrario no se tocó, las reformas no se hicieron, y la presión social llevó a la expansión de los cultivos de uso ilícito azuzados por los actores armados ilegales que quedaron en los territorios. Al final, nuevamente los tres problemas juntos: tenencia de la tierra, violencia armada y narcotráfico.
Este gobierno quiere realizar la tarea de manera integral, quiere avanzar en los tres frentes de manera paralela; aunque todavía no logra sincronizar los tiempos, ni unificar las fuerzas y apoyos necesarios para ello. La llamada Paz Total hasta ahora se encamina en definir quiénes serán los interlocutores y, desde el principio, destapa los incentivos qué tal vez debieron darse en el transcurso de las negociaciones. El presidente Petro anuncia un cese multilateral al fuego, una tregua a todos los violentos; empero, estos siguen en sus lógicas sicariales en todo el país. El anuncio efervescente de la reforma agraria y tierra para los campesinos es respondida con algunas invasiones de tierras, choques entre comunidades, bloqueos y anuncios de paros. La reforma al tratamiento del problema de tráfico de drogas se anunció con bombos y platillos, pero Estados Unidos aún no la ven con buenos ojos. ¡Tendrá que correr más agua bajo los puentes! El gobierno actual tendrá que aquilatar mejor sus expectativas y negociar con los factores reales de poder en el país. No obstante, este debe continuar en ese esfuerzo, bajo ese derrotero, porque la recompensa para el país será muy grande. Como diría el viejo eslogan de los años sesenta: “Seamos realistas, pidamos lo imposible”.
Diana Morales R. Polítóloga. Magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo, Especialista en Economía, Especialista en Estado y Políticas Públicas, y Especialista en Derecho Constitucional.
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