Reporte de la Defensoría del Pueblo muestra que en febrero se presentaron 6 nuevas situaciones de desplazamiento forzado y dos confinamientos.
“Durante el mes de febrero registramos que el denominado paro armado agravó la crisis humanitaria de varias comunidades de Arauca, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, donde se presentaron 6 eventos de desplazamiento masivo y 2 situaciones de confinamiento”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Según el boletín de Movilidad Humana Forzada de la Defensoría del Pueblo del segundo mes del año, entre los hechos más graves que ocurrieron el mes pasado están los dos desplazamientos masivos que afectan a 365 personas (de 85 familias), en los municipios de Istmina y Sipí, en Chocó. Y un confinamiento en Bojayá, que afecta a 3.700 personas, de 915 familias.
Por su parte, en Buenaventura los grupos armados ilegales incrementaran las diputas y presiones en contra de la población, lo cual agravó la situación de confinamiento de unas 8.000 personas, entre las que están comunidades indígenas y afrodescendientes.
Como otras causas de la situación en febrero, están también las extorsiones o ‘vacunas’ a comerciantes, transportadores y operadores turísticos, entre otros, en las que los grupos armados ilegales exigen financiar la ‘seguridad’ a través de amenazas a grupos étnicos, líderes políticos, docentes, estudiantes y que, en algunas ocasiones, terminaron en homicidios y feminicidios a líderes sociales y miembros de la Policía.
A esto se suma la crisis humanitaria por eventos de desplazamiento masivo y confinamientos que dejan víctimas como las comunidades étnicas afrocolombianas (Negria -Acadesan y Barranconcito); indígenas (resguardos indígenas Cañamomo Lomaprieta, Uva- Pogue, Alto Río Bojayá y Alto Rio Napipi) y campesinas.
En Guapi, Cauca, ocurrió un desplazamiento masivo que afectó a 48 personas de 12 familias. También en Cauca hubo otros dos desplazamientos masivos: en Suárez, con 192 personas que tuvieron que abandonar sus hogares (64 familias), y en Argelia, con 89 personas, de 35 familias.
De otro lado, en Puerto Asís, Putumayo, se presentó un desplazamiento masivo que, según informaron los líderes, afectó a 150 personas, de las cuales 36 (de 18 familias), llegaron al municipio de Puerto Caicedo. Las demás personas se estima que se distribuyeron en otros municipios de la zona.
Por último, la Defensoría del Pueblo hace un llamado para que se atienda a las comunidades indígenas que por culpa de grupos armados ilegales están confinadas en 11 puntos en el municipio de Bojayá (Chocó), en especial en tres resguardos (Uva -Pogue, Alto Río Bojayá y Alto Río Napipi), perdiendo su autonomía territorial debido a que dichos grupos les manifiestan que en el territorio “se hace lo que ellos digan” e imponiéndoles normas de comportamiento.
Ante este panorama, el Defensor del Pueblo exhortó a las autoridades del orden departamental y Nacional a tomar las medidas necesarias para mitigar los impactos sobre las comunidades y, de manera especial, a que se apliquen los principios de coordinación, subsidiaridad, concurrencia y complementariedad debido a que la situación humanitaria ha desbordado la capacidad de las entidades locales.
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