La Procuraduría General de la Nación anunció este miércoles la apertura de una investigación al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) por indebida participación en política en nueve regionales, tras la indagación preliminar que se inició debido a presuntas irregularidades en su contratación. Así mismo, la entidad compulsó copias para realizar investigación disciplinaria a seis congresistas.
El director General del SENA, José Antonio Lizarazo Sarmiento, está a su vez dentro de los investigados “por el encargo de un asesor de la Dirección General como director regional del SENA Santander, el 29 de diciembre de 2017, sin que presuntamente cumpliera los requisitos para el cargo”.
El comunicado de la Procuraduría vinculó también a los siguientes funcionarios: Andrés Oswaldo Fajardo Cabrera (ex subdirector regional Putumayo), Orlando Fabián Saavedra Zuleta (director regional Cesar), Carlos Rafael Mero Freile (subdirector centro de operación y mantenimiento minero Cesar), Eduardo Oliver Mena (subdirector centro biotecnológico Cesar), Elkin Mauricio Ávila Osorio (subdirector centro de comercio y servicios y centro para la formación cafetera regional Caldas), Braulio Suárez Ortega (subdirector del complejo tecnológico para la gestión empresarial Caucasia, regional Antioquia), Pedro Pablo Bastidas Molina (subdirector centro internacional de producción limpia, regional Nariño) y Demis Cristal Barrera Cótamo (subdirectora centros de formación, regional Norte de Santander).
Los congresistas cuya conducta será evaluada son Argenis Velásquez, representante a la Cámara por Putumayo; Liliana Benavides, Representante a la Cámara por Nariño; Julián Bedoya, representante a la Cámara por Antioquia; Hernán Penagos, representante a la Cámara por Caldas; y los senadores Myriam Paredes y Manuel Guillermo Mora.
La investigación se abrió luego de una serie de visitas, pruebas y testimonios en 12 regionales del SENA en Antioquia, Caldas, Putumayo, Nariño, Santander, Norte de Santander, Cesar, Córdoba, Magdalena, Cundinamarca, Atlántico, Meta, así como a nivel central de la institución.
Durante estas, el Grupo Élite Anticorrupción encontró evidencia de que la contratación por prestación de servicios personales en el SENA superó los 32.000 contratos, “antes del inicio de la restricción de contratación directa, por vigencia de la ley de garantías electorales”.
Fernando Carrillo, procurador General, aseguró a través de su cuenta de Twitter que se investigará la existencia de una presunta nómina paralela, que se habría creado con fines electorales.
Fuente: El Espectador
