Desde el pasado 7 de febrero, al menos nueve personas han muerto en medio de una ola de violentas manifestaciones que exigen la salida del presidente de Haití, Jovenel Moise, y han paralizado las principales ciudades del país.
Una crisis social de la que pocos -o especialmente las grandes potencias- en el mundo han intervenido en busca de una solución pacífica.
En las calles de la capital se han observado este viernes muchas más motocicletas ofreciendo el servicio de transporte, mientras que la gente trata de abastecerse de agua, comida y combustibles. Los hospitales enfrentan problemas por los bloqueos de las carreteras y por la falta de medicinas, así como de otros tipos de materiales, dificultando la atención de pacientes, muchos de ellos heridos durante las protestas.
Furiosos por la imparable inflación y el supuesto robo de 2.000 millones de dólares en petróleo enviado por Venezuela, miles de haitianos tomaron las calles para exigir la salida del poder de Moise, un empresario del sector banano (de 50 años) que irrumpió en la política hace dos con un discurso populista que prometía sacar de la pobreza a la isla caribeña.
Ocho días después del inicio de las protestas, la capital del empobrecido país, Puerto Príncipe, sigue paralizada, con las escuelas y los bancos cerrados, así como los negocios, transporte públicno y las estaciones de combustibles, que temen más saqueos como los que se han producido en estos días.
Las protestas, convocadas por el Sector Democrático y Popular, integrado por líderes de partidos de oposición y por grupos populares, y que han aumentado la inseguridad en esta nación caribeña y provocado un clima de caos e incertidumbre, se producen en medio de una severa crisis económica, que se agravó este año por una fuerte depreciación del gourde, la moneda oficial, y por la crisis de electricidad derivada de la escasez de gasolina.
La economía de Haití, donde más de la mitad de los 10 millones de habitantes sobrevive con menos de 2 dólares diarios, creció apenas 1,4 por ciento en 2018, una de las más bajas de la región y muy por debajo del 2,2 que se pronosticó a principios del pasado año y que después fue reducido al 1,8 por ciento.
