Palabras como desarrollo, progreso, crecimiento, entre otras, son ampliamente utilizadas por actores políticos, sociales y culturales, en contextos en los cuales, normalmente, se consideran sinónimos pertinentes para expresar una situación concreta: el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Bajo esta perspectiva, alcanzar el desarrollo, generar progreso o mejorar los indicadores de crecimiento, se han convertido en metas indispensables que orientan los procesos de planificación, particularmente en el sector público.
En esta dirección apunta concretamente la ley 152 de 1994, mediante la cual se promulgó la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, dictando los parámetros a tener en cuenta para elaborar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar los planes de desarrollo formulados en el orden nacional y territorial. La idea que subyace a estos ejercicios de planificación, es que es necesario definir las políticas, programas y proyectos a ejecutar en un periodo de gobierno, con la finalidad de materializar el ideal de sociedad que fue refrendado por la mayoría en las urnas, dando sustento así, a una consideración “programática” del ejercicio electoral.
Desde una consideración conceptual, podemos comprender la preminencia de estos ejercicios prospectivos, como una creación característica de La Modernidad. Siguiendo a Robert Nisbet, en ese estupendo libro titulado Historia de la Idea de Progreso (2015), podemos afirmar que es en la era moderna en la cual el progreso se erige en ideal, definiéndose como condición natural y destino indefectible de la especie humana. Entrado ya el siglo XX, este planteamiento génerico es retomado por la denominada ciencia económica, desde la cual se planteó, desde un matiz de raigambre marxista -no esta de más apuntar cierta ironía en esto-, que una sociedad puede y de hecho debe, transitar por diversos “estados de desarrollo”; es de esta consideración que, se han desprendido dos elementos determinantes de la planificación territorial: 1. La clasificación entre territorios desarrollados y subdesarrollados; y 2. La definición de una serie de medidas génericas indispensables para lograr el desarrollo, que podrían resumirse en la industrialización de la economía, la profundización del libre mercado y la apertura al comercio internacional.
Se impuso así, por sobre la prescriptiva economía política clásica, la política económica, una forma de interrelación entre el ejercicio del poder, la lucha por la representatividad de los diferentes grupos sociales, y las métricas del progreso social, bastante característica de nuestros tiempos (Agarwala & Singh, 1973). Bajo esta dinámica compleja, el desarrollo se ha definido de múltiples formas, unas veces equiparándose al crecimiento material, otras al mejoramiento de las condiciones de vida, e incluso delimitándose a la sostenibilidad de los recursos naturales.
Ahora bien, esta claro que más allá de la postura ideológica o conceptual de la cual se parta, todo proceso de planificación territorial abocado a consolidar dinámicas de desarrollo, debe partir por una definición inequivoca del mismo. No se puede alcanzar una meta, si la misma no se ha identificado plenamente.
Esta es precisamente la lógica que nos ha llevado a plantearnos la pregunta con la que titulamos la presente columna: ¿qué entedemos en Arauca por desarrollo? Hay una preocupación implícita en este cuestionamiento, pues es díficil comprender como en el plan de desarrollo Construyendo Futuro, correspondiente al periodo de gobierno 2020-2023 y recientemente aprobado, no se encuentre una definición concreta de lo que se entiende por desarrollo. Es llamativo, por decir lo menos, encontrar que a lo largo de las 354 páginas que componen el documento, y en las 810 menciones a la palabra, no se esboce ni siquiera un intento, de definir lo que la administración pública, los gremios, los grupos de interés y la comunidad en general, comprenden como ideal de progreso y desarrollo para el territorio.
Lamentablemente, esta indeterminación conceptual e ideológica, se materializa en la ausencia de un hilo conductor que sustente las políticas, los programas y los proyectos estipulados en el mencionado plan de desarrollo. En estos momentos, iniciando el nuevo gobierno y con los insumos disponibles, no es posible establecer si prevalece el incentivo a las condiciones materiales ligadas a un mayor crecimiento económico, por sobre las consideraciones más humanísticas del desarrollo; tampoco es fácil adivinar, por qué razón se priorizan unos sectores y no otros; mucho menos, se puede determinar la magnitud de los cambios que se esperan alcanzar.
Y es que no es un detalle menor que el documento que sustentará los ejercicios de política pública en el departamento en los próximos 4 años, sea conceptualmente génerico y ambiguo. Ningún actor económico, social, político y cultural del territorio, puede quedarse tranquilo con lo plasmado en el Plan de Desarrollo Departamental y por consiguiente con el ejercicio de control político y administrativo ejercido por la Honorable Asamblea Departamental. No tanto porque lo estipulado allí sea perjudicial para el territorio, pues como reza un adagio popular: “hasta un reloj dañado acierta la hora dos veces al día”, sino porque la comunidad araucana ha perdido una oportunidad más de concertar una perspectiva conjunta del territorio.
Lo que se percibe al escudriñar este documento de prospectiva estratégica del desarrollo, es una agregación irreflexiva de intereses e iniciativas que carecen de cualquier elemento cohesionador. Situación lamentable, puesta esta claro que lo que se requiere por el contrario, es la definición de un sueño, una idea o un concepto central que nos integre como sociedad, para, a partir de esta referencia, empezar a construir acuerdos y consensos con todas las fuerzas vivas del territorio. Debemos iniciar por intentar responder entre todos ¿qué entedemos por desarrollo? ¿cuáles son las expectativas de cada uno de los actores sociales? Y ¿qué puntos de encuentro y desencuentro podemos apreciar en estas visiones y expectativas?
Solo a partir de este insumo fundamental, cobra sentido el ejercicio de la política pública, encaminado a articular estos intereses generales y a dirimir las posibles diferencias. Todavía hay tiempo para que el actual gobierno adelante esta importante labor, de no hacerlo, muy probablemente nos esperan cuatro años más de decepciones y de agudización de las pandemias con las que al parecer ya nos hemos acostumbrado a vivir: la pobreza, el desempleo, la violencia, el atraso.
MAS NOTICIAS…
- Opinión: ¿Cómo es la economía araucana?
- Más de 400 millones de pesos asignó Comfiar en el marco del subsidio al desempleo FOSFEC
- Arauquita concentró mayoría de alertas por deforestación en primer trimestre de 2024
- Piden cruce de datos antes de asignar viviendas de interés social en Arauca
- Alerta en Tame por instalación de artefactos explosivos en zona rural
