Con aclaraciones alrededor de la penalización para delitos relacionados con el conflicto armado como narcotráfico, testaferrato, reincidentes y disidentes (de la guerrilla), el miércoles se despejaron las dificultades que la justicia para la paz tenía para su aprobación en el Congreso.
El hecho cobra especial valor por haber participado en él la Fiscalía, el Gobierno, las Farc y el Congreso, que tenían divergencias sobre algunos temas.
Las coincidencias entre estos protagonistas fueron posibles tras una reunión de más de seis horas, la cual se llevó a cabo en la Vicepresidencia de la República y congregó al ministro del Interior, Guillermo Rivera; al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y a los líderes de las Farc Iván Márquez y Pastor Alape, entre otros.
El propio presidente Juan Manuel Santos avaló el avance de las partes y los felicitó a todos.
Los temas
En cuanto al narcotráfico y después de las observaciones que manifestó el Fiscal, el proyecto aprobado esta semana dice que el juzgamiento por los cultivos ilícitos atribuidos a las Farc y que se descubran después del primero de diciembre del 2016 corresponderá a la justicia ordinaria y no al nuevo esquema de juzgamiento para los excombatientes.
La idea es que el nuevo modelo judicial solamente conozca estas conductas con anterioridad al primero de diciembre del año pasado y que los procesados por estas faltas tengan los beneficios que ofrece el sistema, como las penas alternativas, por ejemplo.
El de los testaferros es uno de los asuntos que más preocupa al fiscal Martínez. En este punto se aprobó que los exguerrilleros a quienes se les descubra que escondieron bienes y activos a través de terceros o testaferros perderán los beneficios del sistema y se irán para la justicia ordinaria.
En ese sentido, el jefe del ente investigador ha dicho que la Fiscalía tiene identificados alrededor de cien testaferros de las Farc.
Sobre los reincidentes (es decir, los exguerrilleros que cometan nuevos delitos) y los disidentes (quienes se apartaron del proceso de paz y siguen delinquiendo), ha quedado claro que perderán los beneficios del nuevo esquema judicial y serán procesados por la justicia ordinaria.
El encuentro
La idea de la cita era aproximar las posturas entre el Gobierno, la Fiscalía y las Farc sobre el proyecto de ley que reglamenta el nuevo esquema de justicia a la que acudirán excombatientes y militares señalados de delitos atroces y civiles que deseen acudir a esa jurisdicción de paz.
La iniciativa ya superó el primero de tres debates en las comisiones primeras de Senado y Cámara el lunes pasado y se prepara para su paso por las plenarias de ambas corporaciones.
El fiscal Martínez afirmó que durante el encuentro les explicó a Márquez y a Alape las propuestas que presentó al Congreso en relación con la ley estatutaria que reglamentará la justicia para la paz.
Tras la reunión, Martínez le pidió al país “que apoye para que todas estas propuestas salgan adelante porque están inspiradas en el orden jurídico y en los valores de la sociedad colombiana”.
Aunque es de subrayar que todas las partes que intervinieron hayan llegado a coincidencias, lo más relevante es que las Farc se hayan declarado satisfechas con lo planteado por el fiscal Martínez.
El ministro Rivera, quien a nombre del Gobierno ha liderado el trámite de la iniciativa en el Congreso, resaltó el espíritu “constructivo” de la reunión de ayer y dijo que lo que se hicieron fue “precisiones” sobre la reglamentación de la justicia para la paz.
“Descubrimos que estamos de acuerdo en los objetivos. En lo que creo que avanzamos fue en la precisión de la redacción para que no haya dudas sobre las competencias de la justicia para la paz y de la jurisdicción ordinaria, pero fue un diálogo fluido”, afirmó.
Enrique Santiago, abogado que ha representado a las Farc, confirmó que la reunión del miércoles sirvió para hacer “precisiones” sobre los alcances de las observaciones del Fiscal al nuevo esquema de juzgamiento.
El representante a la Cámara por ‘la U’ Hernán Penagos, ponente de la iniciativa en la Cámara de Representantes y quien también estuvo en el encuentro, dijo que se discutieron las observaciones de la Fiscalía y se “aclaró” qué es lo que pretenden estos aportes.
“Las Farc quedaron tranquilas, al punto de que las reacciones fueron positivas. Esas modificaciones serán incluidas en las ponencias para los debates en las plenarias de Senado y Cámara”, confirmó Penagos.
Así las cosas, desde el punto de vista legislativo, al menos, el proyecto despejó su camino. Falta que el Gobierno siga arreglando las cargas dentro de los partidos políticos para que apoyen la norma, que ha sido calificada como la columna vertebral del proceso de paz con las Farc.
Los puntos principales del Fiscal
Testaferros: Los exguerrilleros que se descubra que escondieron bienes mediante testaferros perderán los beneficios del nuevo sistema.
Reincidentes: Quienes hayan pertenecido a las Farc y cometan nuevos delitos irán a la justicia ordinaria y saldrán de la justicia para la paz.
Disidentes: Los guerrilleros que hayan rechazado el proceso de paz y sigan delinquiendo no tendrán las ventajas del sistema, como las penas alternativas.
Fuente: El Tiempo.
