Durante la pandemia, cerca de 40% de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela han sido desalojadas y un 38% adicional estaba en riesgo de desalojo, expone el estudio realizado por el Sector Regional de Protección de la Plataforma de Coordinación Interagencial (R4V) y la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los datos indican que tres de cada cuatro hogares desalojados están enfrentando nuevos riesgos de desalojo y que una quinta parte de las personas afectadas estaban embarazadas o eran madres de niñas y niños.
“Los desalojos afectan los derechos humanos económicos y sociales de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas y en el contexto actual principalmente el acceso a la vivienda digna de las personas venezolanas”, dijo Julissa Mantilla, Comisionada, Relatora sobre derechos de las personas migrantes de la CIDH. “En este sentido, la CIDH observa que la recopilación de datos es importante porque permite identificar las afectaciones diferenciadas, los factores de discriminación y los múltiples aspectos interseccionales, incluyendo el enfoque de género para orientar de forma precisa las políticas y medidas de protección necesarias en los países de la región».
Muchas personas refugiadas y migrantes en América Latina y el Caribe, dependientes de la economía informal para sobrevivir, perdieron sus trabajos durante la pandemia y se encuentran viviendo en situación de pobreza, sin poder cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el pago de alquiler.
De acuerdo a las encuestas que fueron realizadas en siete países de América Latina y del Caribe – Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, la República Dominicana y Guyana – la mitad de los hogares entrevistados viven en una sola habitación. El estudio también muestra que el 11% de todos los desalojos resultaron en indigencia y tres de cada cuatro de los hogares caerían en indigencia si fueran desalojados, lo cual aumentaría el riesgo de contagio de COVID-19.
Además de los riesgos de salud causados por la indigencia que se relacionan con la pandemia, las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que fueron desalojadas y viven en las calles se enfrentan a la estigmatización y al riesgo de ser explotadas y abusadas laboral y sexualmente.
La irregularidad se ha confirmado como causante de desalojos, con la mitad de las familias desalojadas en situación irregular en su país de acogida y sin la posibilidad de establecer contratos de arriendo formales.
“La necesidad de garantizar políticas públicas para el acceso a la vivienda como paso siguiente a los esfuerzos en regularización es clave si queremos evitar que sigan aconteciendo situaciones tan dramáticas como las que hemos observado en este último año”, dijo Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los Refugiados y Migrantes Venezolanos.
Afortunadamente, algunos gobiernos de la región, para prevenir la indigencia durante la pandemia, han declarado prohibiciones temporales a los desalojos y otras iniciativas. Sin embargo, algunas de estas regulaciones ya han expirado o culminarán una vez finalice la declaración de emergencia, creando un posible incremento en desalojos.
De igual manera, los propietarios no están cumpliendo con estas medidas en todos los casos. De acuerdo con los resultados de la encuesta, 6 de cada 10 hogares que enfrentaron desalojos no tenían contrato formal. La falta de presencia y asistencia institucional incrementa los niveles de vulnerabilidad, especialmente para mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad y pueblos indígenas.
Diferentes tácticas y medidas de desalojos fueron reportadas por organizaciones humanitarias, incluyendo amenazas y uso de violencia, así como la violencia sexual, el acoso y la interrupción de servicios como agua, electricidad y gas.
En la región, socios de la Plataforma R4V están incrementado los niveles de asistencia, reforzando y expandiendo las capacidades de albergues temporales y de alternativas de alojamiento, preparando acomodaciones de emergencia en hoteles para recibir a las personas desalojadas, dando información y apoyo legal para reportar incidentes o amenazas de desalojos, y distribuyendo asistencia en efectivo, subsidios de arriendo y otro tipo de asistencia para las personas más vulnerables, incluyendo a las personas desalojadas o en riesgo de desalojo.
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