Asistieron ocho comparecientes de la Policía Nacional, así como víctimas
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó hoy una audiencia de Régimen de Condicionalidad por el caso de la masacre de
Mondoñedo, ocurrida el 6 y 7 de septiembre de 1996, que dejó un saldo de 6 víctimas fatales.
Las personas asesinadas en esa masacre son Jenner Alfonso Mora, Vladimir Zambrano, Juan Carlos Palacios, Arquímedes Moreno, Federico Quesada y Martín Alonso Valdivieso. Ellos fueron capturados y asesinados. Sus cuerpos fueron incinerados y abandonados en el basurero de Mondoñedo, en la vía Mosquera-Soacha (Cundinamarca).
A la audiencia, que duró cinco horas y media, asistieron ocho comparecientes
de la Policía Nacional: Mayor(r) Héctor Castro, Capitán(r) Carlos Niño, Sargento viceprimero(r) Néstor Barrera, cabo primero(r) Pablo Salazar, Cabo primero(r) Hernando Villalba, Subintendente(r) Milton Marino, Subintendente (r) Carlos Alfonso y el Agente(r) Filemón Fabara.
La Sala les exigió a todos los comparecientes que máximo en 20 días le presenten a la JEP los planes de contribución a la verdad, modalidades de reparación y garantías de no repetición, que exige el régimen de condicionalidad.
Para mantener los beneficios jurídicos de la JEP, que en este caso se trata de libertad transitoria condicionada y anticipada, los comparecientes deben comprometerse y respetar el régimen de condicionalidad, que los obliga a aportar a la verdad plena, a la reparación inmaterial de las víctimas, a no repetir sus crímenes y a concurrir al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuando sea necesario.
Los comparecientes presentaron unos planes que la Sala no aceptó, entre otras razones porque los representantes de las víctimas exigieron que los mismos sean más específicos frente al tema de la verdad.
La abogada Yessica Hoyos solicitó que se especificara si hubo una red de criminalidad detrás de estos hechos, que posteriormente generaron el asesinato de un testigo y su familia, y amenazas a los familiares de las víctimas y a una fiscal que investigó el caso.
Los familiares de las personas asesinadas propusieron como medidas de reparación que se hicieran festivales culturales en las comunidades de las víctimas, acciones de siembra de bosques que lleven los nombres de las víctimas, acciones de rescate de animales de la calle, que las víctimas dicten capacitaciones a miembros de la Policía acerca de lo que ellos vivieron en veinte años en búsqueda de justicia y que sus sentencias se puedan consultar en las bibliotecas de las comunidades de las personas asesinadas, entre otras sugerencias.
Frente a los planes presentados por los ex miembros de la Policía Nacional la Sala consideró que no cumplían con los requerimientos de esta Jurisdicción y que deben ser ajustados. La magistrada Sandra Castró, quien presidió la audiencia, exigió que estos planes sean más concretos, proporcionales al daño infligido y que reconozcan cada uno de los derechos que fueron vulnerados a las víctimas.
La magistrada afirmó que, si por ejemplo se iban a proponer capacitaciones, se deben detallar los contenidos que se dictarán y tener en cuenta a las víctimas. Así mismo, resaltó que las medidas de no repetición tendrían que ir más allá de comprometerse a no delinquir, que finalmente es lo que se espera de todos los ciudadanos.
Frente al aporte a la verdad plena, la magistrada Castro señaló que esta debe
ir más allá de la verdad obtenida en la justicia ordinaria y que se deben
proponer aportes concretos, ya sea ante la JEP o ante la Comisión de
Esclarecimiento de la Verdad.
Por lo anterior, la Sala ordenó a los comparecientes rehacer su propuesta de
régimen de condicionalidad, para lo que les dio un plazo de veinte días hábiles.
Y en el caso del Mayor(r) Héctor Castro y el Subintendente (r) Carlos Alfonso,
quienes tienen sentencias ejecutoriadas en la justicia ordinaria, se les dio el
mismo plazo para decidir si pedirán a la JEP sustitución de sentencia o si
buscarán la revisión de la misma.
La audiencia terminó con la intervención del magistrado Pedro Díaz, quien les
recordó a los comparecientes que la libertad transitoria condicionada y
anticipada de la que están disfrutando, por haberse sometido a la JEP, no es
definitiva y está ligada al régimen de condicionalidad.
Una vez se aprueben los nuevos planes, los comparecientes pasarán a la Sala
de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP.
