En un documento de 41 páginas, radicado el lunes 11 de marzo ante la Sala de Revisión del Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los dos abogados del exjefe guerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, consignaron los alegatos del caso judicial más sonado tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc.
La principal exigencia de la defensa a los magistrados de la JEP es que se excluyan “los elementos aportados como presuntas pruebas o evidencias por el fiscal auxiliar de los Estados Unidos, Jason A. RIchman; el agente especial de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (en inglés: Drug Enforcement Administration DEA), Brian Witek y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en razón a que no cumplen con los criterios de valoración de la prueba”. Es decir, los audios enviados por el fiscal no son los solicitados y ordenados por la Sala de Revisión, que son los que sustentaron el indictment o acusación para la solicitud de extradición, difundió EL ESPECTADOR.
Es decir, para la defensa de Santrich, los audios que aportó el fiscal Martínez corresponden a un proceso de corrupción contra Marlon Marín, distinto al de solicitud de extradición de Santrich. También que el agente de la DEA mintió en su declaración jurada, lo cual se prueba porque a la JEP no llegaron los videos y audios que el agente Witek dijo tener ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, organismo judicial que pidió en extradición al exjefe guerrillero. Incluso, los abogados fueron más allá y dijeron que si se analizan los audios que aportó la Fiscalía, lo que sucedió fue una situación de entrampamiento a Hernandez Solarte, “un entrampamiento ficticio, o falso entrampamiento, pues nada tiene que ver Santrich con los temas y conversaciones sostenidas entre las otras personas”.
El documento hace un recorrido detallado por toda la cronología del proceso. Desde la captura de Santrich el 9 de abril de 2018 en el norte de Bogotá por parte de agentes del CTI de la Fiscalía; la presentación de tres audios por parte de la Fiscalía a los medios de comunicación al día siguiente de la captura; la solicitud de extradición formal en agosto de ese año por el Tribunal estadounidense, la entrega de todos los audios (doce) a la JEP por el fiscal Martínez en octubre; la perdida de la carta a través de la cual la JEP solicitaba las pruebas a Estados Unidos; y la negativa de esta justicia para enviar las evidencias materiales. Por esto último, argumenta la defensa, una vez vencidos los términos, corresponde a la JEP, “al no poder evaluar los hechos ni determinar la fecha de su presunta ocurrencia, otorgar la garantía de no extradición”.
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Este lunes 11 de marzo se cerró la etapa de alegatos establecida por la JEP para este caso. Los magistrados se aprestan a tomar una decisión sobre si aplican o no la garantía de no extradición en el caso de Santrich. El viernes pasado la Procuraduría General de la Nación, como parte involucrada, solicitó que la JEP enviara a la Corte Suprema de Justicia el proceso de extradición, mientras que ayer, la defensa y el propio Santrich controvirtieron esa posición.
“Los audios del fiscal”
Si bien la Sección de Revisión en octubre de 2018 decidió incorporar como prueba los audios de interceptación de comunicaciones recaudados en las investigaciones adelantadas en contra del señor Marlon Marín, la defensa alega que se deben desestimar por corresponder a otro proceso distinto al de la extradición. En contraste, argumenta la defensa, a la JEP no llegaron los audios y videos que habría evaluado el Gran Jurado de Estados Unidos.
Frente al hecho, resaltan los abogados, el fiscal Martínez envió un oficio a la JEP el 25 de septiembre pasado, en el que aseguró: “los audios y videos son pruebas que obran en el proceso americano y que, según la información que se me confió, fueron exhibidos ante el Gran Jurado, como expresamente lo manifesté en su oportunidad (abril de 2018)”.
No obstante, a través de un cuadro comparativo en el que exponen los doce audios que aportó el fiscal Martínez, la defensa dice que “dilucida la inutilidad y falsedades que contienen los elementos antes mencionados, que dejan ver lo absurdo e insostenible de la irregular solicitud de extradición en contra de Santrich”.
Así, por ejemplo, divide los audios en dos grupos: “Grupo uno. No tienen ninguna relación, ni intervine ni se hace referencia a Seuxis Paucías Hernandez Solarte; y, Grupo dos: sí hace referencia, relaciona o participa Hernandez Solarte”.
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“Respecto del grupo uno: no tienen ninguna relación, ni intervine ni se hace referencia a nuestro defendido, que son los audios 1, 2, 7, 8, 9, podemos concluir que hablan de transacciones de televisores, pagos y entregas de mercancías y otros asuntos sobre los que ni Jesús Santrich ni su defensa tiene conocimiento. Los supuestos actores que intervienen son Marlon Marín, Fabio Younes, Armando Gómez y contactos mexicanos. Sobre este grupo de audios no haremos mayor referencia pues se trata de hechos y personas que nada tienen que ver con Hernández Solarte”, resaltó la defensa.
Respecto al grupo dos, en siete de los doce audios de algún modo se hace referencia a Santrich, aunque la defensa pone de presente varias consideraciones. “Podemos observar que todas las llamadas se relacionan con la participación de Marlón Marín en las que éste de un modo u otro está gestionando reuniones para hablar de lo que explícitamente dice Marín, “proyectos productivos”. Ni en tema, ni en lenguaje, ni en actores, las llamadas del grupo uno se relaciona con las llamadas del grupo dos”, señala el documento.
Cierra este apartado la defensa preguntando por qué si el fiscal Martínez sabía de la existencia de negocios ilícitos desde enero de 2017, como lo señaló en varios entrevistas después de la captura de Santrich, “no se abrió una investigación por narcotráfico, a penas supo de esas posibles conductas delictivas”.
