Fuerte tensión se vivió en la sala plena de la Corte Constitucional en medio de la audiencia pública por el estudio constitucional del decreto ley 903 de 2017, por el cual se reglamenta la realización del inventario de los bienes y activos de las Farc. Un desacuerdo entre el vocero de las Farc, la Fiscalia y la Procuraduria por el destino de dichos activos.
Aunque Jairo Estrada, líder de voces de paz, asegura que los bienes de las Farc se entregarán el próximo 15 de agosto. No alcanzarán para reparar a todas las victimas del conflicto armado, la Procuraduría y la Fiscalía dicen lo contrario «en lo corrido de este año, bienes provenientes de testaferros de las Farc hemos ya incautado por 1.7 billones de pesos», señaló Nestor Humberto Martinez.
Sin embargo, Estrada dice que el dinero de las Farc ya se ha gastado «cuando cesan operaciones de financiamiento se recurre a gastar parte de lo que se ha acumulado (…) así como se tuvieron ingresos, también se presentaron gastos» los cuales se incrementaron cuando dejaron sus acciones bélicas. Además, afirmó que es «errado» pensar que con esos bienes se pueden resarcir a todas víctimas.
El procurador Fernando Carrillo por su parte crítico dichas observaciones y señaló que las Farc cuentan con los suficientes bienes para hacer una reparación integral de las victimas. «Aquí se trata de bienes que son el resultado de cinco décadas de una acción de guerra. Eso no se financia vendiendo ‘pulseritas’, se financia con recursos fuertes» afirmó.
Tanto el Fiscal, como el Procurador, le pidieron a la Corte que declare exequible pero condicionado a la relación de los menores que salgan del conflicto y extinción de dominio, al decreto 903 de los bienes a las Farc.
