El Tribunal Administrativo de Casanare admitió la demanda de acción popular instaurada por la Procuraduría General de la Nación contra la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal (EPC) con el objeto de proteger los derechos fundamentales colectivos de goce a un ambiente sano, en conexidad con el derecho a la salud.
Al parecer, se habría generado contaminación por el presunto vertimiento de aguas residuales domésticas dispuestas de manera directa, sin tratamiento previo en el caño La Guabina y en el suelo del campo de aspersión, alrededor de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), por el deficiente funcionamiento que presenta este sistema en el EPC. De continuar así, el asunto podría constituirse en una eventual emergencia ambiental por la contaminación de las fuentes hídricas con evidente afectación del ecosistema.
Además, esta situación podría poner en riesgo la salud de los reclusos, sujetos de especial protección constitucional, así como la de las demás personas que permanecen en el establecimiento carcelario y la de los pobladores usuarios de estos cuerpos de agua.
En lo que corresponde al permiso de vertimiento de aguas residuales domésticas, y a la emisión de conceptos técnicos ambientales y agrarios, se vinculará a esta actuación a Corporinoquía, autoridad sanitaria en esta materia.
Con esta acción popular el Ministerio Público busca poner fin a la vulneración y violación de los derechos e intereses colectivos en materia ambiental y de salud de los pobladores del lugar, teniendo en cuenta que en el 2016 ya se había generado una problemática similar.
