Esta entidad ha emitido una alerta dirigida al Gobierno Nacional debido al incremento en el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales. Esta preocupación surge en el contexto de la situación de pobreza y conflicto armado que vive el país, factores que intensifican la problemática.
Aunque esta situación se observa en diversos departamentos de Colombia, es en Caquetá donde se ha confirmado una situación especialmente crítica que pone en riesgo a niños, niñas y adolescentes.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha informado, a través de su Boletín Estadístico, que entre el 1º de enero y el 9 de octubre de 2023, se han atendido 134 menores en su programa especial para desvinculados. De este total, 11 casos pertenecen al departamento de Caquetá, distribuidos en localidades como Florencia, San Vicente, Puerto Rico, Solano y Solita.
Estas cifras se alinean con las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que ha identificado riesgos elevados de reclutamiento en múltiples departamentos, entre ellos: Antioquia, Bolívar, Cauca, Cundinamarca y Valle del Cauca, por mencionar algunos.
Hasta la fecha, desde 1999 al 9 de octubre de 2023, la Defensoría ha registrado 7.455 niños, niñas y adolescentes en su programa de atención especializada para menores desvinculados de grupos armados. La Procuraduría señala que estos números podrían ser incluso mayores debido a la posible existencia de un «alto sub registro de casos». Este subregistro podría estar influenciado por el miedo a denunciar y por fenómenos de desplazamiento.
Ante este panorama, la Procuraduría ha instado al Gobierno Petro a concretar una política pública de prevención de reclutamiento y a la creación de bases de datos exhaustivas. El objetivo es identificar a todos los menores que han sido reclutados, desvinculados y admitidos en programas del ICBF. Tal medida permitiría desarrollar estrategias eficaces para prevenir y proteger a los menores, reduciendo factores de riesgo y disminuyendo las diversas formas de violencia.
