Los dos departamentos están enfrascados en una vieja disputa territorial. El gobernador del Caquetá sugirió que sean las personas de las 112 veredas quienes decidan a qué departamento quieren pertenecer.
En la audiencia pública del pasado 31 de agosto, el gobernador del Caquetá sugirió que sean las personas de las 112 veredas quienes decidan a qué departamento quieren pertenecer.
Desde hace 30 años, en la Amazonia colombiana se discute dónde comienza el departamento del Caquetá y dónde el del Meta. La semana pasada se empezó a definir esta pelea en la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Congreso, en donde está en juego una zona de aproximadamente 2.500 kilómetros cuadrados (una extensión similar a la de Yopal, capital del departamento del Casanare) y en donde hay 112 veredas con ocho mil personas, bloques petroleros y miles de cabezas de ganado en zonas de los municipios de La Macarena y de San Vicente del Caguán.
La discusión se inició en 1989, cuando ambos departamentos radicaron ante el Congreso una solicitud para definir sus límites, pues los mapas oficiales no coincidían con las imágenes satelitales. El asunto llegó hasta el Senado de la República, pero se quedó quieto por años. Mientras, se descubrían nuevos pozos petroleros y el proceso de colonización y creación de nuevas veredas en la Amazonia colombiana, en parte impulsado por el Estado, avanzaba.
Las leyes que crearon estos departamentos (el Meta, en 1959, y el Caquetá, en 1981) dicen que el límite entre estos departamentos está en el nacimiento del río Ajajú, en la cordillera que divide las aguas que van al río Guayabero, de las que fluyen al río Caquetá, y el cerro Neiva.
El 21 de agosto, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi presentó su informe técnico ante una sesión virtual del Congreso, que había sido remitido a la COT en 2009. De acuerdo con Pamela Mayorga, subdirectora de Geografía del IGAC, la pepa del asunto está en entender qué es una línea divisoria de aguas, o la línea teórica que separa las cuencas hidrográficas, y qué cordillera hace que los ríos no confluyan, sino que se separen.
“Cuando hay suficiente altura en un relieve, pues las aguas de dos ríos no se pueden unir o confluir por pura fuerza de gravedad. El río Guayabero fluye hacia un lado (lo que hoy sería el Meta), hacia el río Caquetá, y el río Tunia, que fluye hacia el río Caquetá, por pura fuerza de gravedad. Lo que no sabíamos por no tener las herramientas satélites es cuál cordillera es la que divide las aguas, y el límite actual está equivocado en identificar ese punto más alto. En campo pudimos corroborar dónde exactamente está el nacimiento del río Ajujú y dónde está el cerro Neiva”, explica Mayorga.
A la larga, y según la información técnica del IGAC, el Meta le debe al Caquetá cerca de 2.000 kilómetros cuadrados de territorio entre San Vicente del Caguán, que ya pertenece al Caquetá, y La Macarena, que pertenece al Meta. En la propuesta del Caquetá se le agregan 3.630 kilómetros cuadrados, que incluyen el río Tunia (la vía más fácil de llegar por agua al río Caquetá y al Apaporis). En la propuesta del Meta se dice que el IGAC ignoró los mapas históricos firmados antes del conflicto limítrofe, pero el IGAC asegura que consideró los mapas históricos para proponer el nuevo límite.
Como señala La Silla Vacía, ambos municipios son vitales para las economías de cada departamento. En San Vicente del Caguán hay más de un millón de cabezas de ganado (350 mil de las cuales están en la zona de litigio) y en La Macarena hay más de 100 mil. Los municipios encabezaron la lista de los más deforestados del país en 2019, de acuerdo con el Ideam. Entre los dos suman 38.332 hectáreas. Adicional a esto, en la zona de litigio está el bloque petrolero Sangretoro, adjudicado a Canacol, y el bloque Ombú Capella, de la empresa china Emerald Energy. Entre otras, las poblaciones aledañas a este bloque interpusieron una acción de tutela en 2014 por contaminación en las quebradas La Nutria y La Guadalosa, supuestamente causada por la mala disposición de los desechos resultantes de la explotación petrolera.
En casos como estos, por ejemplo, los tribunales administrativos de cada departamento definirían, con su capacidad particular para recibir y fallar casos como estos, si un grupo de ciudadanos debe acudir a instancias judiciales, deberá hacerlo con las de su departamento. Por otro lado, los recursos en regalías que dejan los pozos petroleros Las Delicias, Las Machacas y El Recreo (que el gobernador del Caquetá, el conocido ganadero Arnulfo Gasca, solicitó anexar a su departamento) están congelados hasta que se resuelva el litigio. Solamente las regalías que generan los 240 barriles de crudo diarios del Ombú son $5.000 millones.
La conclusión a la que llegaron la senadora María del Rosario Guerra (Centro Democrático) y el cristiano Eduardo Pacheco, (Colombia Justa y Libre), que presentaron ante la Cámara de Representantes como miembros de la COT, es que se mantengan los límites actuales entre Caquetá, Meta y Guaviare, y que el IGAC actualice este proceso. Adicional a esto, devolvieron el informe técnico radicado por el IGAC, “por no ajustarse a lo estipulado en la Ley 1447 de 2011”.
Para Harry González, representante a la Cámara por el departamento del Caquetá (Partido Liberal), no hay razones válidas para devolverle el informe al IGAC porque no hay argumentos técnicos que lo refuten, y según el representante, la mayoría de personas de la zona en disputa hacen sus trámites, consultas médicas y partos se hacen en San Vicente del Caguán, y por la misma razón, el sentir de la mayoría de personas de la región es “caqueteño”. “Todos los servicios públicos, el alumbrado, la atención médica y las vías se han hecho con recursos del Caquetá, a pesar de dónde esté el límite. La mayoría de las veredas están registradas en San Vicente, así sean del Meta”, dijo.
En la audiencia pública del pasado 31 de agosto, el gobernador del Caquetá sugirió que sean las personas de las 112 veredas quienes decidan a qué departamento quieren pertenecer. En 1992, los entonces gobernadores del Caquetá y Meta, Gabriel Sandoval y Ómar Vaquero, acordaron realizar un plebiscito para que los pobladores decidieran, dado que el alcalde de La Macarena de esa época había cerrado la única escuela del poblado de San Juan de Lozada, que funcionaba con maestros pagados por Caquetá.
En todo caso, el debate apenas lleva dos de los ocho debates que necesita para ser aprobada. Según la delegación del Meta, el 21 de agosto se aprobó que el límite se quedara tal cual está y declaró el informe del IGAC como “ilegal”. El Congreso tendrá la última palabra y decidirá si acoge el informe o no.
Tomado de: El Espectador
