A lo largo de múltiples columnas, publicadas en este mismo medio, hemos sido insistentes sobre los principales retos y problemas que actualmente afronta el departamento de Arauca: una tasa de desempleo desbordada, un sistema productivo poco desarrollado, y una percepción de inseguridad que crece tanto en las zonas rurales como las urbanas. De igual manera, hemos tratado de plantear posibles cursos de acción para atender estas situaciones complejas: apoyo al emprendimiento, apalancamiento de la política pública de empleo, contribución a la formación bruta de capital, inversión en medios tecnológicos que ayuden a mejorar la seguridad, y un largo etcétera.
Desde estas líneas se ha cuestionado siempre lo que se está haciendo por parte de los diferentes entes gubernamentales. Dadas las estadísticas y las realidades que muchas comunidades manifiestan estar sobrellevando, es claro que no se está haciendo lo suficiente. Percepción que es corroborada por las mismas entidades, más concretamente por la Gobernación de Arauca, que en la presentación de los indicadores de gestión al mes de agosto de 2022 (Ver aquí) registra situaciones llamativas.
Veamos los aspectos que pueden considerarse más relevantes.
En documentos de prospectiva regional, escenarios de discusión institucional y tertuliaderos, constantemente se manifiesta que la verdadera vocación del departamento es el sector primario o agrícola. La exuberante belleza natural del territorio, la productividad en sectores como el plátano y la leche, así como la calidad excepcional en productos insignias como el cacao, permiten corroborar sin atenuantes la veracidad de esta percepción. Sin embargo, la retórica parece no venir acompañada de la ejecución de políticas públicas concretas y consecuentemente del soporte presupuestal requerido. No de otra manera se entiende, que al 31 de agosto del año en curso, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible de la Gobernación de Arauca haya ejecutado un paupérrimo 1,64%, sobre un presupuesto que a duras penas superar los $2.100 millones de pesos. Así, ¿cómo se promueve el crecimiento de la producción agrícola? ¿cómo se apoya a los productores en una etapa tan crítica como la de la pospandemia? ¿cómo se apuntala el desarrollo de las cadenas productivas para integrarlas a los circuitos productivos nacionales e internacionales?
Situación similar puede advertirse sobre la política de seguridad y convivencia ciudadana. En el mismo periodo de referencia, la ejecución presupuestal del denominado Fondo de Seguridad, según certifica la Secretaría de Hacienda Departamental, apenas si supera el 19,6%. Difícil comprender que en una coyuntura tan dramática como la que estamos viviendo los araucanos, exista tan poca diligencia a la hora de movilizar recursos para atender la creciente percepción de inseguridad. Solo queda preguntarse: ¿será que no existe una visión sistemática de la seguridad en el departamento? ¿quizás las condiciones administrativas anómalas que se presentan dificultan la atención de temas prioritarios? ¿o los más de 2.550 millones de pesos aún disponibles para ejecutar no se requieren para implementar las estrategias de seguridad requeridas?
Otro de los temas bastante mencionados es el de la vulnerabilidad frente a los inviernos fuertes como el que se prevé en el país entero para las próximas semanas. Muchas comunidades han demandado durante años, intervenciones oportunas frente a condiciones críticas ya conocidas y alistamiento ante los nuevos riesgos que día a día surgen. La respuesta del Fondo de Gestión del Riesgo: una ejecución presupuestal que apenas supera el 28%. Parece ser, que una vez más la acción de política pública será atender la emergencia cuando ya haya sucedido, en lugar de tratar de prevenir las posibles afectaciones. Como territorio, ¿tenemos operando un plan de gestión del riesgo? ¿con esos más de 2.700 millones por ejecutar no se puede implementar mucho más eficientemente la mitigación y la adaptación a esos riesgo ampliamente conocidos?
Por último, hablemos de la tan mentada reactivación económica. La Secretaría de Infraestructura Física y la Secretaría de Planeación Departamental, han ejecutado poco más del 4% y del 59% de lo presupuestado para la vigencia respectivamente. No es un registro muy halagüeño, que permite comprender el porqué los principales indicadores socioeconómicos siguen sin responder positivamente a la inversión “estratégica” de los recursos públicos. El desempleo desbordado como lo mencionamos al principio de la presente columna; la tendencia de crecimiento económico por debajo de la referencia nacional; infraestructura productiva como las plantas de plátano y leche, entre otras, apalancada por el departamento están aún sin terminar, mientras estos sectores estratégicos siguen viendo como las posibles ventajas competitivas se disipan. No está de más entonces preguntar: ¿los casi 13.000 millones por ejecutar tendrán alguna destinación específica para la política departamental de empleo? ¿servirán para brindar cierre financiero a las inversiones en activos fijos en concurrencia con otras fuentes? ¿o seguiremos apropiando recursos para procesos de marketing territorial e inversiones en “habilidades blandas” repetidas y que se han demostrado de muy poco impacto?
Un análisis sería necesario para comprender la ejecución del 0% tanto en la Secretaría General y de Desarrollo Institucional como en la Secretaría de Desarrollo Social. Por el momento, para no hacer aún más largo el presente escrito, presentaremos gráficamente la ejecución de las diferentes dependencias de la administración departamental.
Gráfico 1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN A AGOSTO 2022 – GOBERNACIÓN DE ARAUCA
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental (2022)
Como podrán colegir los amables lectores, una vez más quedan muchas preguntas en el aire, a la espera de que algún día, cuando la algarabía mediática de los conflictos lo permitan, ser respondidas por los funcionarios responsables. Mientras tanto, es posible afirmar con un alto grado de certeza, que las dificultades de ejecución presupuestal se derivan de un mal histórico: la ausencia de una perspectiva territorial de largo plazo, y la consecuente falta de planificación de proyectos estratégicos de alto impacto. En Arauca, parece ser que se llega al gobierno para descubrir qué hacer, y no con una visión clara de lo que se debe hacer.
Solo nos queda esperar que a la vuelta de las próximas elecciones regionales, esta realidad cambie.
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