Organizaciones sociales como la Cumbre Agraria y el Congreso de los Pueblos protagonizaron un plantón para denunciar, entre otros, la criminalización de sus voceros y la presencia de paramilitares en sus territorios
Alrededor de 1.000 personas se concentraron este lunes en la plazoleta de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, para protestar por la supuesta criminalización de líderes sociales. Del plantón participan organizaciones como la Cumbre Agraria, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el Congreso de los Pueblos.
De acuerdo con Marilen Serna, vocera del Congreso de los Pueblos, la manifestación le apuesta a la reivindicación de los líderes y lideresas sociales, cuya misión “no es un delito”. En esa línea, aseguró que se trabaja en defensa de los territorios y de la vida, labor por la cual no pueden ser criminalizados ni estigmatizados.
“Venimos a reivindicar el hecho de ser líderes y lideresas sociales para defender nuestro territorio de las multinacionales, del capital nacional y trasnacional que agrede a nuestras comunidades y que nos excluyan de las decisiones políticas. Venimos a decirle al Gobierno que la paz no nos cueste la vida ni la libertad”, aseguró Serna.
La líder del Congreso de los Pueblos elevó un llamado al Ejecutivo para que además se reconozca la presencia de organizaciones paramilitares en sus territorios y para que cesen las agresiones contra el movimiento social. “La lucha por la defensa de la vida y los derechos humanos es otra de las razones que hoy nos tiene aquí y ha llevado a que los organismos de del Estado nos judicialicen, amanecen y persigan”, reclamó Marilen Serna.
A su turno, Robert Daza, vocero de la Cumbre Agraria, explicó que el propósito del plantón es demandar mayores garantías sociales y políticas para pueblos indígenas, afros, estudiantes y sindicalistas. “Hemos venido enfrentando esta política criminal del Estado, de hacer de la miseria una práctica de acumulación (…) Toda la vida hemos sido acusados de ser subversivos, pero no tiene pruebas”, dijo el líder social.
Daza reclamó por la captura de la líder y defensora de los derechos humanos, Milena Quiroz Jiménez, quien fue detenida en marzo pasado por la Fiscalía acusada del delito de concierto para delinquir. “Venimos a decirle a la Fiscalía que nos responda cuáles son los delitos que les estamos debiendo. El único delito por el que pueden acusarnos es luchar y defender por la educación, el agua, nuestros territorios campesinos y a los desposeídos. Ese es el delito por el cual el Gobierno nos ha montado esa persecución”, precisó.
El vocero de la Cumbre Agraria acusó al Gobierno de ejercer terrorismo de Estado contra los líderes sociales y expresó su solidaridad con el gremio de los maestros, que suman ya un mes de cese de actividades.
Teofilo Acuña, integrante de la Cumbre Agraria y de la Comisión de Interlocución del Centro y Sur del César, dijo por su parte que los movimientos sociales no le deben nada a la justicia y que “el paramilitarismo está latente en sus territorios, así como los asesinatos y la corrupción. Por eso nos están persiguiendo”.
En paralelo, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) emitió un comunicado de prensa en el que señaló que el cuidado de la vida y el territorio del pueblo afrodescendiente no es un delito. La organización reivindicó su lucha a favor de la dignidad del pueblo negro y en contra del racismo, la discriminación y la desigualdad.
“Con frecuencia altos funcionarios del Gobierno y actores armados nos acusan de oponernos al desarrollo porque valorizan más la explotación de la tierra que nuestras vidas. Somos lo que quieren ocultar y eliminar porque somos resistencia. Defendemos el agua, los territorios, la biodiversidad, la vida de la depredación que causan los megaproyectos mineros, energéticos, viales y portuarios. Somos críticos y nos oponemos al modelo y sus impactos en términos sociales, ambientales, económicos y que los platos rotos los seguimos pagando nosotros”, reclamó el PCN.
La organización reclamó por líderes como Demetrio López, Miller Angulo, Ana Fabricia Córdoba, Genaro García y Bernardo Cuero, quien fue asesinado en inmediaciones de su vivienda la semana pasada. “Son 57 las personas asesinadas por promover caminos de justicia y dignidad para todas y todos”, sostuvo el PCN.
El Proceso abogó por mayores esfuerzos por parte del Estado por el dialogo, la participación y el tratamiento a la protesta social. “Se debe abandonar definitivamente la criminalización, la negación de la sistematicidad en los asesinatos y falsas judicializaciones, la militarización y la brutalidad policial. Ser lideresas y líderes sociales no es un delito. El territorio es la vida, y la vida no se vende, se ama y se defiende. No tenemos armas, tenemos dignidad. El pueblo no se rinde carajo”, agregaron.
tomado de EL ESPECTADOR.COM
