Este 8 de marzo se cumple un mes desde que el presidente Juan Manuel Santos visitara Cúcuta para anunciar una serie de nuevas medidas para hacer frente a la migración desde Venezuela. Según la Cancillería y Migración Colombia, desde entonces el ingreso promedio diario por los pasos oficiales se ha reducido un 30% y más de 100 mil ciudadanos venezolanos se han beneficiado con la entrada en vigencia de la segunda etapa del Permiso Especial de Permanencia (PEP). Persisten retos como adelantar un censo de esta población migrante y solucionar su situación de precariedad marcada por la pobreza, el desempleo y la informalidad. (Lea aquí: Una noche en la frontera con Venezuela: entre migrantes, bandas criminales y la sombra del Eln)
En este mes, la crisis humanitaria y socioeconómica que vive Venezuela no ha mejorado. La escasez de alimentos y medicamentos, la falta de insumos y atención adecuada en centros hospitalarios, la situación de riesgo de defensores de derechos humanos, la detención sin debido proceso, la vulneración de garantías y derechos políticos, la inseguridad, la extrema hiperinflación y devaluación del bolívar, siguen presentes y son, entre otros, los factores que obligan a miles de venezolanos a salir de su país. (Lea aquí: Lo que se ve en televisión sobre la crisis en Venezuela no es verdad, es peor)
Mientras la situación interna en Venezuela siga empeorando, la cantidad de personas que se vean forzadas a salir del país seguirá aumentando. Aunque los venezolanos huyen hacia distintos países, Colombia es el principal receptor por tener la frontera más extensa y asequible: más de 2.000 kilómetros en los que hay 7 pasos oficiales habilitados y cientos de trochas informales.
El pasado 8 de febrero, Santos anunció una nueva política migratoria orientada a generar una migración más ordenada. Las medidas principales consistían en exigir el pasaporte a los migrantes, eliminar la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), ampliar el Permiso Especial de Permanencia (PEP), ofrecer salud y educación a los venezolanos, censar a esta población migrante para conocer su dimensión y necesidades, y ampliar el pie de fuerza en las trochas ilegales.
Según explicó la Cancillería colombiana a la Agencia Anadolu, un mes después de este anuncio el promedio diario de ingresos de ciudadanos venezolanos al territorio nacional disminuyó en cerca de un 30%. Así mismo, la autoridad migratoria colombiana ha adelantado más de 20 mil procedimientos de verificación en los departamentos de Guajira, Norte de Santander, Santander y Arauca, los cuales han dado como resultado la cancelación de más de 1.200 TMF, por uso indebido de la misma o falsedad en el documento.
Frente a la entrada en vigencia de la segunda etapa del PEP, Migración Colombia informó que a la fecha son más de 100 mil los ciudadanos venezolanos que se han acogido a este beneficio para regularizar su condición migratoria, principalmente en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali.
Los controles de ingreso en los 7 pasos habilitados por el Gobierno en la frontera se reforzarán próximamente con más equipo humano y técnico. Para eso llegarán 20 equipos de reconocimiento biométrico, denominados BITMAP.
Según la Cancillería, este balance es positivo y “se puede afirmar que, en la actualidad, el ingreso de ciudadanos venezolanos a territorio colombiano se viene haciendo de forma controlada, ordenada y dentro de la legalidad”.
Ahora bien, desde que Santos anunció que solo podrían entrar legalmente aquellos venezolanos que portaran su pasaporte, en múltiples organizaciones humanitarias surgieron dudas sobre esta medida. En Venezuela es muy complicado sacar el pasaporte y en todo caso, dada la inseguridad y la precaria situación socioeconómica, las personas siguen viéndose forzadas a huir de su país. Por eso, el riesgo es que los que no tienen pasaporte decidan irse aunque sea por caminos informales. Lo que puede pasar es que mientras la migración legal se reduzca y sea más ordenada, la migración ilegal aumente.
Las cifras de esta migración ilegal son opacas. No hay sistemas de monitoreo en los cientos de pasos informales entre ambos países. Muchos se ubican en zonas controladas por actores armados ilegales, que incluso cobran por el paso a los migrantes. Por más que se anuncie un aumento considerable del pie de fuerza, es imposible tener un control total y permanente en una frontera tan porosa y extensa como la colombo-venezolana.
A lugares de acogida en Cúcuta, como el Centro de Migraciones de los religiosos scalabrinianos o el Centro Piloto del barrio Camilo Caza, siguen llegando diariamente personas y familias sin pasaporte. Así lo señaló Gladys Garavito, coordinadora de la pastoral de la movilidad y una de las protagonistas del Centro Piloto que a diario recibe a los migrantes para brindarles información, asistencia o alguna donación. “Muchos vienen por las trochas, son diariamente alrededor de 20 personas. Llegan niños con desnutrición y familias que por lo general no tienen sino su ropa y una gran incertidumbre por los que les pueda pasar en Colombia. No es una exageración decir que las trochas están desbordadas”.
Casos como el de la familia de Heitor Julio Gómez, quien llegó desde 2015 con sus ocho hijos y su esposa venezolana, se repiten con frecuencia en el barrio Camilo Daza y otros sectores de Cúcuta. Aunque enfrentan múltiples obstáculos, al final muchas de estas familias han logrado que sus hijos vayan a un colegio y que los atiendan en algún centro de salud. Pero al mismo no tienen qué darles de comer en la casa, no tienen con qué pagar los servicios, no tienen ingresos y están a merced de la caridad o de algún trabajo informal que les dé para el sustento diario. A la numerosa familia de Heitor, por ejemplo, le cortaron el agua por falta de pago.
La falta de oportunidades laborales e ingresos para miles de familias que cruzan la frontera es uno de los problemas más preocupantes. La ciudad fronteriza de Cúcuta ocupa el segundo lugar a nivel nacional en términos de desempleo e informalidad. La llegada de miles de venezolanos hace mucho más complejos estos indicadores. El grado de desesperación con el que llegan los migrantes, los lleva a cobrar mucho menos de lo normal por hacer cualquier trabajo, o a dedicarse a labores informales como comprar cabello en la frontera para luego revenderlo, o dedicarse a la prostitución. Y hay una minoría que se dedica a al microtráfico y al delito.
El censo de los venezolanos que hay en Colombia es la medida que busca adelantar el Gobierno para caracterizar a esta población migrante e intentar brindarle las oportunidades que necesita. El presidente Santos llamó a todos los venezolanos que han llegado a Colombia, tanto los que tienen papeles como los que no los tienen, a registrarse ante las Defensorías y Personerías de los municipios donde se encuentran. El censo, sin embargo, no ha empezado. Según un decreto emitido por la Presidencia de la República, se iniciará el próximo 2 de abril, tendrá solo efectos informativos y no otorgará ningún estatus migratorio.
El censo de venezolanos enfrenta por lo menos dos retos. Primero, no será fácil convencer a los venezolanos que se hallan en situación irregular de que vayan a registrarse y a evidenciar que no tienen los papeles requeridos para estar en Colombia. Como dice Gladys Garavito, “los venezolanos que uno conoce a diario tienen demasiado miedo: si me acerco a la Personería, ¿qué me va a pasar, me van a deportar? Van a saber mi situación, dónde estoy, cuál es mi familia. Debido a este miedo la gente por lo general prefiere ubicarse en la periferia y no tener contacto con las instituciones. Muchos ni se atreven a salir de sus casas por tiempos prolongados”.
Segundo, falta capacidad estatal para llevar a cabo el censo. Christian Visnes, director para Colombia del Consejo Noruego para Refugiados (NRC), señala que, sin haber empezado el censo muchos personeros ya están al tope de sus capacidades. “Ponerles una tarea más puede resultar prácticamente imposible en municipios como Tibú, que tiene una gran población venezolana y no tiene cómo registrarla. El censo es una medida adecuada, pero hay que generar la capacidad para hacerlo y para luego generar acceso a servicios para esa población”.
Otra arista de este problema migratorio es el de los solicitantes de refugio. Venezuela vive una situación de inseguridad y precariedad socioeconómica muy compleja, pero no una guerra civil como Siria. Esto ha generado un problema conceptual para determinar cuáles perfiles pueden solicitar refugio y cuáles no. Es un debate que da para largas discusiones, pero en últimas debe decidirse individualmente, caso por caso, el perfil de cada migrante.
Como explica Visnes, en el caso de Siria hoy está claro que cualquiera que venga de ese país tiene derecho a solicitar refugio, porque allá hay una ruptura completa y ningún espacio protector. En caso de Venezuela hay que mirar cada perfil, pero “según lo que hemos visto no podemos considerar la migración de venezolanos como voluntaria, sobre todo cuando vienen a sitios de Colombia donde tampoco pueden satisfacer las necesidades que no tenían satisfechas en su país, por ejemplo algunas zonas del Catatumbo. Por eso hablamos de una crisis de desplazamiento regional que afecta sobre todo a Colombia, pero también a Ecuador, Chile, Panamá, Costa Rica, entre otros”.
Fuente: La Opinión
