Pocas veces en la historia de una persona o una sociedad, se presenta una sucesión casi sincrónica de una serie de hechos que terminan por generar una coyuntura problemática de gran magnitud, lo que, en una analogía apropiada de los términos meteorológicos, podríamos denominar “una tormenta perfecta”. Lamentablemente para los colombianos, y muy particularmente para los araucanos, estamos viviendo uno de esos difíciles momentos.
A la afectación de salud pública que ha generado un virus que ya ha matado a más de 400.000 personas en todo el mundo, se han sumado el declive económico producto de la cuarentena, el crecimiento exponencial del desempleo y la exacerbación de problemas sociales como el hambre y la violencia. Pero esto no es todo, como si fuera poco, a este monstruoso “cocktail” se suman también las volatilidades del mercado del petróleo, su afectación directa sobre la tasa de cambio, las dudas sobre la salud de las finanzas públicas de los países en desarrollo, y más recientemente, las protestas sociales que tienen lugar en los países desarrollados.
Estos fenómenos, tienen enormes repercusiones en el país y en el mundo. Crecimientos económicos negativos que se acercan a los dos dígitos, tasas de desempleo que se han duplicado y condiciones de vulnerabilidad que en la mayoría de los países se comparan con las registradas al inicio de este siglo.
Ahora bien, es claro que el mayor reto en toda esta crítica situación, se presenta para el futuro de los territorios, especialmente los más alejados y olvidados, que resultan ser también, los más vulnerables. En el caso colombiano por lo menos, las razones de esta mayor vulnerabilidad son claras. Los departamentos postrados por el olvido y la desidia del Estado, son, de igual forma, los menos poblados y los de menores posibilidades de conectividad física y digital con los centros económicos, sociales, culturales y políticos del país. Estas condiciones, generan, entre otras cosas, que estos territorios este subrepresentados en las instancias ejecutivas y legislativas que toman decisiones, así mismo, la baja densidad poblacional y el poco desarrollo productivo, no les permite contar con los recursos propios suficientes para apalancar los procesos de desarrollo endógeno necesario.
Si lo decimos en términos quizás más coloquiales: estos territorios -entre los cuales se encuentra Arauca-, no son importantes económica y políticamente hablando. Esto, por supuesto es crítico en una coyuntura como la generada por la pandemia, pues es claro que las dificultades fiscales que se vislumbran en el próximo lustro para el Gobierno Nacional, requerirá que los grupos de interés de los territorios desplieguen todo su capital político con el objetivo de captar los escasos recursos del presupuesto nacional, al mismo tiempo impulsan a los gobiernos territoriales para que apuntalen su proceso de recuperación en las fortalezas económicas y sociales propias.
Es claro, que en el caso de los territorios que carecen de representatividad política, el ejercicio de “gestión” o “lobby” muy probablemente no va a ser posible o va a ser mucho más difícil. La historia nos ha demostrado incansablemente que dentro del orden de prioridades de los gobiernos, sin importar la tendencia política que representen, las necesidades de estos territorios son las que menos consideración merecen. La dura y cruda realidad marca que la mayoría de las veces, las inversiones impulsadas por el gobierno nacional pocas veces responden a criterios estructurales, son más bien sobrantes que responden a lógicas electorales concretas. Esas sobras, en un contexto en el que va a primar la frugalidad, se verán reducidas prácticamente a nada.
Siendo esta la realidad, para territorios marginados como el departamento de Arauca, solo queda explorar la opción de generar recursos propios. Esto, como ya lo dijimos unas líneas más arriba, se complica en virtud a la ausencia de una estructura productiva robusta y la baja densidad de una población que igualmente registra una alta tasa de pobreza. Sin embargo, es un camino que no debe descartarse de tajo en virtud a las dificultades que podrían avizorarse.
Para hacer factible esta opción, se requiere generar un nuevo y mejor “contrato social territorial”. En el cual, como en la pirinola, “todos pongan”, pero, sobre todo, “todos reciban” en virtud a las necesidades estructurales existentes en el territorio. Por supuesto, un contrato de este tipo, requiere deslegitimar y erradicar las prácticas corruptas a todos los niveles. Implica, igualmente, promover un relevo generacional del liderazgo político, dando cabida a personas, que independientemente de su orientación ideológica entiendan lo público como vocación y no como negocio. Invita, por supuesto, a retomar ese heroísmo histórico de la raza llanera, buscando afirmar una independencia necesaria para la autodeterminación de un proyecto territorial propio, construido por y para las personas que lo habitan.
Gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles, presidentes de juntas, ONG´S, grupos de juventudes, folcloristas, gremios económicos y otros grupos de interés, están llamados a liderar la concepción e implementación de este nuevo “contrato social territorial”. Pero nos corresponde a toda la población en general, participar activamente, velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por los diferentes actores sociales, y así mismo, cumplir los propios. Este es, al fin y al cabo, el único camino que nos queda para hacer frente a la devastación suscitada por la pandemia. Es, después de todo, la única forma de hacer algo para garantizar que nuestros hijos y nietos heredarán un territorio mejor que el que nosotros recibimos.
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