El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidió declarar inconstitucional la limitación de edad hasta los 18 años para el pago del subsidio familiar a los hijos de los trabajadores de escasos y medianos ingresos, y solicitó que se mantenga hasta los 25, mientras estén estudiando.
Para el Ministerio Público se presenta una diferencia de trato entre el límite establecido para los beneficios de servicios de salud y seguridad social que va hasta los 25 años, y el subsidio educativo, y estima que la medida es regresiva y carece de justificación.
La norma demandada tiene como finalidad promover la generación de empleo, por lo que “resulta oportuno señalar que la medida legislativa resultaría inconducente, si se tiene en cuenta que la misma podría desestimular la culminación de estudios” a quienes, cumpliendo la mayoría de edad “dejaran de percibir el subsidio familiar en dinero y se vieran obligados a buscar emplearse para poder aportar económicamente a su familia”.
Adicionalmente, se trata de una medida innecesaria, por cuanto ha sido el mismo Congreso el que “decidió adoptar la edad de 25 años como límite para determinar cuáles hijos son beneficiarios” del subsidio.
El jefe del Ministerio Público indica que la medida es “desproporcionada, porque no se dirige a beneficiar a los trabajadores […] así como tampoco favorece a los empleadores”, sino únicamente a las cajas de compensación, reduciendo el tiempo durante el cual un trabajador puede percibir el auxilio del subsidio familiar en dinero.
